“La gente va a reivindicar una muerte digna, igual que pide un empleo y una vivienda dignos”

Su nombre ha dejado de estar a todas horas en los medios. La Justicia acabó dándole la razón en el Caso Leganés, al determinar que el equipo de Urgencias que él dirigía en el hospital público de dicha localidad no mató a cientos de personas tras aplicar dosis extremas de sedantes, como sostenía una denuncia anónima. El rostro de Luis Montes (Salamanca, 1949) está más relajado, pero este médico anestesista continúa luchando, desde la presidencia de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), para que la muerte no sea sinónimo de sufrimiento.

Montes defiende los cuidados paliativos que se dan al paciente en agonía -regulados en España-, pero considera que se debe ir más allá. Reclama eliminar el encarnizamiento terapéutico, que mantiene en vida a toda costa al paciente, aunque tenga los días contados. También pide que se permita al enfermo crónico o con una patología degenerativa que pueda morir antes de que su salud le cause sufrimiento, a él y a su familia.

Una época «peleona»
DMD no pasa estos meses por sus mejores tiempos. La crisis ha ralentizado la suscripción de socios y ello impide que los voluntarios de la asociación lleven a cabo todos los planes de mejora de la infraestructura que tenían previstos. No obstante, Montes se muestra positivo. “Las épocas de recortes, a nivel ciudadano, son más peleonas. La gente pierde el miedo con el poder constituido. Morir, nos vamos a seguir muriendo, y en malas condiciones. La gente va a reivindicar que sus familiares mueran mejor, una muerte digna, igual que piden un empleo y una vivienda dignos. No me cabe ninguna duda”, reflexiona.

La publicación científica Lancet publicaba hace unos días un estudio que demuestra cómo la ley que regula la eutanasia en Holanda desde 2002 no ha disparado en absoluto el número de suicidios asistidos. A Montes no le sorprenden en absoluto los resultados, porque lleva años defendiendo que poder elegir una muerte digna, sin dolor, nada tiene que ver con el suicidio. “Nosotros defendemos la disponibilidad de la propia vida, partiendo de que la persona esté enferma y siempre que no se haga daño a terceros”, aclara.

Montes explica que DMD exige una regulación de la eutanasia “para evitar abusos”. Precisamente esos abusos son los argumentos que se usan para oponerse a ella. El conocido como “pendiente resbaladiza” mantiene que la motivación es economicista, que “se practica la eutanasia para heredar el piso de la vieja o quitarla de en medio porque estorba. Pensar así es pensar que los seres humanos somos monstruos”, arremete. “Eso es un homicidio”, concluye y, en esta ocasión, usa la misma palabra que sus detractores. “La motivación es altruista, de solidaridad con el doliente, de justicia, porque no tienen que estar sufriendo. Es un acto de amor”.

En España, “se continúa muriendo muy mal”, insiste. Y es que aunque la Ley de Autonomía del Paciente (de 2002) establece que el paciente tiene la última palabra sobre los tratamientos que recibe o no, ¿qué ocurre cuando el enfermo está inconsciente, cuando no puede expresar su voluntad? La elaboración del testamento vital, un documento con validez jurídica en el que el paciente expresó su voluntad cuando tenía capacidad para hacerlo, resolvería cualquier situación de este tipo. Pero pocos se acuerdan de hacer un testamento vital cuando gozan de salud. En la práctica es la familia la que decide, en la mayoría de los casos, dejar con vida al enfermo, aunque ello dependa de un respirador o una sonda que le alimente.

En todo caso, DMD va más allá. “¿Por qué una persona, enferma, que sabe que va a morir, debe esperar y pasar por la agonía?”. Estos casos solo los puede resolver la eutanasia. El Código Penal castiga la colaboración, el dar una dosis letal de fármacos a una persona que, aun consciente, aun pidiéndolo, no puede hacerlo por sí misma. Así ocurrió con Ramón Sanpedro. Catorce años después, la Justicia no ha conseguido esclarecer quién colocó el vaso con el líquido letal y la pajita para que Sampedro, que solo podía mover la cabeza, cumpliera su deseo.

El caso de Sampedro y otros, como el de Inmaculada Echevarría, que tuvo que luchar para que la desconectaran del respirador que la mantenía viva, pese a que la Ley de Autonomía del Paciente le daba la razón, agitan el debate sobre la eutanasia. “La situación es más injusta con los más frágiles”, denuncia Montes.

Este doctor explica que cuando el debate salta a la opinión pública se ve claramente cómo el haber visto sufrir a un ser querido decanta la balanza de la opinión pública. “Que más del 90% de población española esté de acuerdo en regular la eutanasia, no es porque ideológicamente seamos muy avanzados, sino porque muchas personas han vivido en su entorno familiar una mala muerte, con un sufrimiento que hiere, que es insoportable de ver”, recalca.

Sólo Izquierda Unida defiende una ley que regule la eutanasia. El PSOE la incluyó en su programa de 2004, aunque siempre jugó a la ambigüedad durante esa legislatura. En 2008, ese objetivo se apeó de las promesas de Gobierno y lo único que se promovió en la pasada legislatura fue una ley, a imagen y semejanza de la de Andalucía, que promueve la elaboración de testamentos vitales y los cuidados paliativos. Estos últimos llevan años aplicándose, incluso en hospitales religiosos. Así, en la práctica, morir con más o menos dolor depende del médico que te atienda y de sus convicciones.