La Audiencia Nacional admite a trámite la querella del 15M contra Rato

MADRID //  La querella presentada contra Rodrigo Rato y el antiguo consejo de Administración de Bankia por el movimiento 15M ha obtenido hoy el aval de los tribunales. El juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Fernando Andreu, ha admitido a trámite la demanda e imputado al expresidente del grupo y a sus colaboradores directos por delitos como estafa y falsedad contable.

Esta querella, presentada el pasado 14 de junio, se suma a la que incoó el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), debido a la «identidad sustancial» entre los hechos que se ponen de relieve en ambas, señala la Audiencia. Sin embargo, la iniciativa del 15M no sólo se acumula a la de UPyD, sino que también «amplia penalmente el primer auto de admisión a trámite en el delito contenido en el artículo 282bis del Código Penal» (el que regula la falsedad en los datos financieros), ha informado el movimiento social en el blog de su campaña para este caso, bautizada como 15MpaRato.

En ese foro  se informa de que  esto se traducirá en que los 33 exconsejeros de Bankia, incluido Rato, tendrán que responder por nuevos delitos relacionados con haber obtenido la autorización para salir a bolsa en 2010 gracias a datos supuestamente falseados que ocultaban el pésimo estado de las cuentas de la entidad. Delitos castigados con hasta seis años de cárcel. Además, a diferencia de la querella presentada por la formación que preside Rosa Díez, la del 15M es la única en la que participan pequeños accionistas de Bankia y por lo tanto perjudicados directos.

Para el movimiento, la decisión del juez Andreu de admitir a trámite la querella es un «éxito», sobre todo porque se ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que describía las conductas delictivas que se denuncian en ella como «inconcretas», por lo que recomendaba que no se diera luz verde a la solicitud del 15M de personarse como acusación particular. A pesar de ello, el magistrado ha considerado que los accionistas supuestamente estafados que se han sumado a esta iniciativa legal sí tienen derecho a exigir explicaciones, por lo que ha desestimado las alegaciones del fiscal.

Pero el 15M no piensa conformarse con la admisión a trámite de la querella. En el blog de su campaña 15MpaRato han hecho un llamamiento a los trabajadores de Bankia «que se han dado cuenta de la estafa de la que han sido cómplices» para que aporten datos y «ofrezcan su testimonio en el proceso judicial». Para ello han abierto una cuenta de correo, 15mparato@gmail.com, destinada a recoger esa información.

¿Euribor falseado?

El movimiento social también ha hecho pública su decisión de asociarse con la plataforma #OpEuribor para «reclamar en breve la nulidad de todos los contratos hipotecarios firmados por Bankia». La razón que esgrimen es que «el cálculo del Euribor, aquí como en el escándalo del Libor de Barclays en Inglaterra, se está revelando también un fraude de ley de dimensiones históricas».

En el momento de presentar 15MpaRato, el movimientos social emprendió una campaña de micromecenazgo popular en Internet para hacer frente a los costes legales de la querella. El dinero, más de 15.000 euros, se recaudó en menos de 24 horas, lo que da una idea de la indignación popular por la nacionalización de las pérdidas provocadas por la mala gestión de Bankia. En aquel momento, portavoces del 15M explicaron que esta iniciativa se dirigía no sólo a «hacer justicia» en este caso concreto sino también a promover el «final de la impunidad» en España.

Debido a esta querella y a la de UPyD, no sólo Rodrigo Rato se sentará en el banquillo. También tendrán que explicar su gestión de la cuarta entidad bancaria del país consejeros como José Luis Olivas, expresidente de Bancaja. Rato no es tampoco el único antiguo integrante de anteriores gobiernos del Partido Popular que ha sido imputado; en la lista difundida por la Audiencia Nacional figura a su vez el exministro Ángel Acebes.

En ese elenco de exresponsables, aparecen también Francisco Verdú, el único consejero que seguía ocupando su cargo hasta la semana pasada, cuando presentó su dimisión. El exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y el presidente de los empresarios madrileños y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, también tendrán que comparecer ante la Audiencia Nacional.

Cuando se admitió a trámite la denuncia de UPyD, el 4 de julio, el juez Andreu justificó su decisión en un auto en el que señalaba que la Audiencia Nacional es competente en este caso porque los supuestos delitos que se cometieron en la gestión de Bankia, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones de euros, podrían tener una «grave repercusión en la economía nacional» y «desestabilizar todo el sistema financiero del país».

La suma de 19.000 millones de euros solicitada por la dirección del grupo bancario para recapitalizarlo y sanearlo, plasma «la magnitud del perjuicio generado» a los ciudadanos, subraya el auto judicial.

Una de las razones en las que se apoyó entonces la decisión del magistrado refrenda precisamente una de las principales alegaciones de la querella del 15M; esto es,  «la falsedad» de los datos contables de 2010 que incluyó el grupo bancario en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En esta comunicación motivada por su inminente salida a bolsa, los gestores de Bankia y de su matriz, BFA, describieron su nivel global de solvencia y sus provisiones como «adecuados». También aseguraron que las medidas de saneamiento que supuestamente habían adoptado habían sido «responsables y prudentes».

Los acontecimientos posteriores, y el rescate sin precedentes al grupo, refrendan, según el auto judicial, «la falsedad de dicha supuesta solvencia».

Enlace al resumen del contenido de la querella del 15M

https://15mparato.files.wordpress.com/2012/06/resumen_judicial1.pdf