El dictador argentino Jorge Videla, condenado a 50 años de cárcel por el robo de bebés

La lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo ha sido recompensada. Un tribunal argentino condenó ayer al dictador Jorge Rafael Videla y a su sucesor, Reynaldo Bignone, a 50 y 15 años de prisión respectivamente. La sentencia reconoce que ambos ejercieron “terrorismo de Estado” mediante “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”. Estos crímenes formaban parte de un “plan general de aniquilación”.

Con esta nueva condena, son ya tres las cadenas perpetuas las que se han recaído sobre Videla, que encabezó el golpe militar en 1976 y permaneció en el poder hasta 1981.

Antonio Vañek, ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tristemente conocida por ser uno de los peores centros de desaparición y torturas del país durante la dictadura militar, ha sido a su vez considerado culpable de haber participado en el plan para sustraer a los niños, por lo que tendrá que cumplir 40 años de cárcel.

En el juicio, Videla, de 87 años, se mostró en todo momento desafiante y aseguró no reconocer la legitimidad del tribunal que lo juzgaba. Acusó también a los jueces de ser «rehenes de una ideología que justifica el terrorismo». Fiel a la ideología que le hizo ordenar el secuestro de estos niños nacidos en cautiverio, Videla llegó a asegurar en una audiencia que las madres de estos bebés «usaban a sus hijos embrionarios como escudos humanos».

El ahora anciano decrépito no aludió por supuesto a cómo se mantenía con vida a estas mujeres en avanzado estado de gestación con el único propósito de que pudieran dar a luz y luego robarles a sus hijos antes de asesinarlas. Niños que luego eran entregados a familias cercanas a la dictadura, consideradas «adecuadas», con el resultado de que a los pequeños no sólo se les privaba de crecer con su familia biológica, sino también de su identidad y de su origen.

De los cientos de niños que fueron robados a sus familias entre 1976 y 1983, sólo 102 han sido identificados gracias al banco de datos genéticos puesto en marcha por las autoridades argentinas, que respondieron así a la presión de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Con estas condenas acaban 16 años de  una búsqueda de justicia que empezó en 1996 con la denuncia de los casos de 35 niños robados, en los centros de tortura Comisaría Quinta de la Plata, ESMA, Pozo de Banfield, Vesubio, Olimpo, La Cacha y Campo de Mayo. Entre 1976 y 1983, cuando se restauró la democracia en Argentina, al menos 30.000 opositores murieron víctimas del terrorismo de Estado practicado por Videla y sus cómplices.