La Seguridad Social recurre la subasta de Público

La Tesorería General de la Seguridad Social ha interpuesto un recurso de reposición contra la subasta de la cabecera del diario Público. El pasado 23 de mayo, la juez Bárbara María Córdoba decidió otorgar los activos de la masa concursal (web, cabecera, material, etc) de Mediapubli, editora de Público, a Display Connectors, una empresa que figuraba como inmobiliaria y cuyos accionistas corresponden casi en su totalidad con los de Mediapubli.

En enero, los dueños de Público, encabezados por el empresario Jaume Roures, anunciaron un concurso de acreedores. En aquel momento, los accionistas del diario aseguraron a la plantilla que la presentación voluntaria del concurso -la antigua suspensión de pagos- obedecía a la imposibilidad de cubrir una deuda acumulada de 21 millones. La mitad de esa cantidad se adeudaba a empresas que pertenecían al conglomerado empresarial del propio Roures.

Este empresario subrayó entonces ante los trabajadores de Público que su patrimonio «era cero». Según una información publicada hace unas semanas por el diario El Economista -datos que luego refrendó un juez- la fortuna que Jaume Roures tiene en Holanda (cuyo régimen fiscal es más ventajoso que el español) asciende al menos a 500 millones de euros.

El concurso de acreedores de Público tuvo finalmente como consecuencia que, el pasado 24 de febrero, desapareciera definitivamente la edición en papel del diario y se procediera al despido de 130 trabajadores, el 85% de la plantilla. Estos trabajadores no sólo no cobraron la indemnización que figuraba en sus contratos sino que fueron enviados al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), pues la empresa de Jaume Roures aseguró no tener dinero para garantizar los pagos.

Tras el cierre de la edición en papel, un grupo de unos treinta trabajadores, agrupados en la cooperativa MásPúblico, presentó una oferta por la web del diario, que estaba pendiente de subasta por parte del juzgado mercantil nº 9 de Barcelona. El pasado 22 de mayo, el día en el que debía producirse la venta de la cabecera, una inmobiliaria de nombre Display Connectors presentó una oferta de última hora que superaba ecónomicamente a la de los trabajadores. Los accionistas de esta empresa corresponden casi exactamente con los de la editora de Público, incluido Jaume Roures.

Mediante esta maniobra, los antiguos propietarios del desaparecido diario se quedaban de nuevo con la cabecera y además libre de deudas. Display Connectors, en su oferta, asumió la subrogación de 21 trabajadores, casi todos con sueldos bajos, incluyendo los pagos pendientes en conceptos de retención de impuestos y cuotas a la seguridad social.

Sin embargo, la letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social considera que Display Connectors es la sucesora de Mediapubli,  por lo cual plantea que la nueva propietaria de Público también debería ser heredera de la deuda que tenía la antigua editora del diario con la Seguridad Social.

Éste no es el único recurso presentado contra la subasta de Público. Pere Rusiñol, ex adjunto a la dirección del diario, y Magda Bandera, extrabajadora de Público y miembro de la cooperativa MásPúblico, también han recurrido la decisión del juzgado mercantil nº  9 de Barcelona.