Fiesta en el despacho del consejero

MADRID // La música se ha apagado. Ya es tarde pero, entre la multitud exhausta, unos tipos siguen bailando, ajenos al entorno de ojeras y bolsillos vacíos con el que suelen acabar estas fiestas. Son directivos y consejeros de los bancos y cajas de ahorros a los que el gobierno ha inyectado miles de millones en los últimos años. A pesar de que las 12 entidades que cotizan en la Bolsa española han cerrado el crédito a hogares y empresas, no les ha temblado la mano al dar a sus consejeros, desde 2007, créditos por un valor de más de 700 millones de euros, según los informes de gobierno corporativo enviados por las entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Más de la mitad, 370 millones, fueron a parar a consejeros de Banco de Valencia, intervenido por el Estado en noviembre de 2011. Ese año, el mayor festín se lo dio Francisco Javier López, consejero de Bankia que recibió 140 de los 198 millones totales prestados por estas entidades a sus consejeros. Unos se beneficiaron de su puesto para financiar ruinosos proyectos de sus propias empresas o para nutrir tramas de corrupción. Otros recibieron indemnizaciones millonarias tras pasar unos meses en el cargo, sin haber hecho un solo ademán por sanear la entidad. Pero los préstamos no fueron la única forma de lucro: los más espabilados fueron quienes diseñaron jubilaciones de lujo a su medida.

Entre estos últimos está el rey de la fiesta: José Luis Pego, quien fue director general de Novacaixagalicia durante nueve meses, hasta septiembre de 2011. Tras su paso, la entidad necesitó un salvavidas de 3.600 millones del Estado para evitar su hundimiento. Pego se marchó con, al menos, 18,5 millones debajo del brazo (7,7 millones por la jubilación anticipada, 3,9 millones por la indemnización y 6,9 millones por el plan de pensiones). Su compañero de baile es José Luís Méndez, ex director general de Caixa Galicia, que se jubiló con otros 16,5 millones.

Y seguimos moviendo el esqueleto.  La más mediática en los últimos años ha sido la ex directora general de Caja del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, que se adjudicó un sueldo de 593.040 euros anuales y una pensión vitalicia de 369.497. Pero la Justicia le echó el guante. La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción acaban de reabrir una investigación contra ella por presunta falsificación de cuentas. El Estado tuvo que inyectar casi 6.000 millones en la CAM y, cuando el Banco de España intervino la caja, Amorós reclamó una indemnización de 10 millones por su despido, aunque se topó con el rechazo frontal del juez.

La labor de la Justicia

Pero en la fiesta no sólo hay directores generales. Otro grupo de cuatro –éstos, consejeros de cajas– mueve las caderas tras haber recibido en 2008 créditos de hasta 42 millones de las entidades en las que participaban. Contra uno de ellos, Gerardo Díaz Ferrán, el juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha reabierto este mes la investigación por la línea de crédito de 26,6 millones que recibió de Caja Madrid hace cuatro años, cuando él era consejero y Miguel Blesa, presidente. Junto a Díaz Ferrán, destacaron los préstamos de Caja Duero a sus consejeros Francisco Rubio (27 millones) y Julián Lanzarote (15 millones) y de Caja España a su presidente Santos Llamas (42 millones), antes la fusión de ambas entidades.

Otras salidas de campeonato en los últimos años han sido las del ex presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagés (pensión de 11 millones), el ex director general de Caixa Catalunya, Josep María Lorza (10 millones), el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (2,8 millones) y el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. Esteúltimo estuvo al frente de la caja durante los gobiernos socialistas de Bono y Barreda y fue responsable de la financiación de algunas de las infraestructuras más desastrosas de la historia de Castilla-La Mancha, como el aeropuerto de Ciudad Real.