El relato que le hace falta a esta democracia

Una de las grandes tareas pendientes de la democracia española, si no la mayor, consiste en construir una memoria histórica colectiva con la que se pueda sentir identificada la inmensa mayoría de la población. Las iniciativas legislativas aprobadas hasta ahora en ese sentido –sobre todo durante el mandato de Zapatero, con la Ley de la Memoria o la comisión para la reconversión del Valle de los Caídos- han resultado a todas luces insuficientes, y el único intento realizado hasta la hecha para enjuiciar los crímenes del franquismo acabó con la expulsión del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Construir una memoria colectiva en España no es tan sencillo como sucedió en Alemania e Italia tras la II Guerra Mundial: a diferencia de Hitler y Mussolini, Franco ganó la contienda, fue arropado más adelante por EEUU como peón en la Guerra Fría, mandó durante 39 años y dejó “atado y bien atado” (en sus propias palabras) el proceso que conduciría a la democracia, hasta el punto de que el partido que hoy gobierna España, el PP, surgió de las cenizas del franquismo y siempre se ha opuesto a cualquier iniciativa parlamentaria que condene sin paliativos la dictadura.

Con independencia del debate legal de si es o no procedente juzgar los crímenes del franquismo (los juristas discrepan sobre el alcance de la Ley de Amnistía de 1977 o la eventual prescripción de los delitos, mientras que en Argentina está en marcha una causa penal por dichas atrocidades), la democracia española jamás se normalizará si no adopta un relato oficial acorde con los propios principios democráticos y que, por ese mismo motivo, debe partir de una premisa obvia: la sublevación de Franco constituyó un Golpe de Estado contra unas instituciones democráticamente elegidas.

También se ha de reconocer que en los años subsiguientes a la guerra, el régimen activó una feroz maquinaria represiva que, en la actualidad, hace de España el segundo país del mundo con más desaparecidos -unos 140.000, según diversos historiadores- después de la Camboya de Pol Pot (a propósito, el Estado debería asumir la responsabilidad de localizarlos y darles sepultura, cosa que no contempla la Ley de la Memoria Histórica). A partir de ahí se puede reflexionar sobre el clima de zozobra que se respiraba en la II República, o los desmanes que se pudieron cometer desde el bando republicano, pero sin que estos elementos se lleguen a utilizar en el relato oficial como justificación ni del golpe ni de la brutal represión de la posguerra.