¿Cuánto habrían pagado los hermanos Gallardo sin amnistía fiscal?

Los dueños del gigante farmacéutico catalán Almirall, Jorge y Antonio Gallardo Ballart, aprovecharon la amnistía fiscal de 2012 para aflorar 112,97 millones de euros de cuya existencia nada supo la Agencia Tributaria española durante años, según información exclusiva a la que han tenido acceso La Marea, Diagonal y eldiario.es a través del buzón Fíltrala.

Respectivamente, Antonio y Jorge regularizaron 57,16 millones de euros y 55,81 millones de euros procedentes de cuentas en Suiza y Mónaco por los que abonaron menos de un millón y medio cada uno, un 2,4% de la cantidad total aflorada. Como explicamos el pasado martes acerca del caso de los Borbón-Dos Sicilias, este regate tributario fue posible gracias al diseño de la oficialmente denominada ‘regularización fiscal extraordinaria’. Ésta fue suavizada por el gobierno del PP gradualmente para permitir a quienes decidieran acogerse a la amnistía que sólo abonaran por los beneficios generados por sus capitales opacos y no por la cantidad total aflorada, como se anunció en un primer momento.

Vale. Hasta aquí todo legal. ¿Pero cuánto hubieran pagado los dueños de la farmacéutica si sus activos hubieran estado en cuentas españolas? El doble.

Es un cálculo sencillo. Las plusvalías generadas por las cuentas opacas de los Gallardo sumaron un total de 27,3 millones (13,6 millones y 13,7 cada uno), que actúa como base imponible en los años incluidos en la amnistía, de 2007 a 2010. Por ellos pagaron entre ambos 2,73 millones de euros, un 10% de dicha base. Si las cuentas hubiesen sido españolas, al aplicar el tipo medio del 20% sobre las rentas del capital, los dueños de Almirall hubiesen tenido que abonar 5,46 millones.

La amnistía en números

Los datos oficiales indican que la amnistía fiscal logró aflorar capitales por un volumen total de 40.000 millones de euros -casi el 4% del PIB-. Sin embargo, la recaudación sólo alcanzó los 1.200 millones, menos de la mitad del objetivo inicial de 2.500 millones. En total, 618 empresas y 29.065 personas físicas se acogieron a la amnistía.

La medida, aprobada por el Gobierno el 30 de marzo de 2012, establecía un gravamen especial del 10% para impulsar la declaración de las rentas no declaradas, por lo que la recaudación debería haber sido de 4.000 millones si la cantidad aflorada es de 40.000 millones.

Pero no. De ambas cifras se deduce que el gravamen medio ha sido del 3%. Esto se debe a que Hacienda flexibilizó las condiciones para que los evasores se acogieran al proceso de regularización debido a que no encontraban suficientes ventajas.

Por ejemplo, la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados al 10%, como figuraba en el decreto ley inicial, lo hizo sólo con los rendimientos generados. Además, sólo se tuvieron en cuenta los ejercicios no prescritos, en principio de sólo cuatro años (de 2007 a 2010) o de tres para quienes realizaron esta declaración especial después de junio del pasado año.

Por ello, ha habido casos en que a los evasores habrían pagado en torno al 1% de todo lo defraudado frente al 10% previsto inicialmente. El propio colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación a la prescripción del 70% del fraude aflorado.

La regularización coincidió con una subida generalizada de los impuestos que soportan los ciudadanos, como el IRPF y el IVA, con el objetivo de reducir el déficit público. Varias organizaciones, como la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) criticaron duramente esta amnistía fiscal, la tercera en democracia después de las dos que se hicieron bajo el Gobierno socialista de Felipe González.