Derechos humanos en España y Venezuela, una comparativa

MADRID// La precampaña electoral ha arrancado en Venezuela. Albert Rivera ha viajado al país latinoaméricano y Pedro Sánchez no hay día que no haga una mención explícita a la situación en Venezuela apoyado por el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero al país gobernado por Nicolás Maduro. La preocupación por los DDHH en Venezuela que muestran tanto Ciudadanos, como PSOE y PP obliga a estudiar de manera independiente cuál es la verdadera situación de éstos. Para ello, los comparamos con los del país al que se presentan para ser elegidos presidente del gobierno, los de España. Según el último informe de Amnistía Internacional, ésta es la situación de los derechos humanos que existe en cada país.

Sobre la libertad de expresión.

Venezuela.

“En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que devolviera a Radio Caracas Televisión (RCTV) la licencia de emisión, que se le había retirado en 2007. Al terminar el año, las autoridades no habían cumplido la sentencia. Los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación”.

España

“En julio entraron en vigor una reforma del Código Penal y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ambos textos tipificaban delitos que podían limitar de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La Ley de Seguridad Ciudadana establecía límites sobre dónde y cuándo estaban permitidas las manifestaciones, y sanciones adicionales para quienes celebrasen manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios públicos. Además, dotaba a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les mostraran “faltas de respeto”. También tipificaba como delito la difusión de imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley”.

Sobre la impunidad.

Venezuela

“Fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y de los malos tratos a manifestantes durante las protestas de 2014. Según la Fiscalía, hasta febrero se habían iniciado 238 investigaciones, pero sólo se habían presentado cargos en 13 casos. Nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia Barrios ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma familia venían sufriendo”.

España

“Las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española seguían sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos. Se archivaron varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. En particular, en julio, la Audiencia Nacional decidió suspender su investigación sobre torturas y otros malos tratos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), pese a que en mayo se habían presentado documentos que implicaban a agentes españoles en el interrogatorio de detenidos en el centro. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso.

También en julio, un tribunal militar archivó la investigación de las torturas infligidas por cinco militares españoles a dos detenidos en una base militar española en Irak en 2004, debido a que no había podido identificar a las víctimas ni a los responsables. La exhaustividad de la investigación llevada a cabo por el tribunal era objeto de dudas. Se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975), ya que las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada a los jueces argentinos que investigaban estos crímenes. En marzo, el gobierno rechazó una solicitud presentada por la justicia argentina, que pedía la extradición de 17 personas. Posteriormente, un grupo de expertos de la ONU instó a España a cumplir su obligación de extraditar o juzgar a las personas responsable”.

Sobre el uso excesivo de la fuerza y torturas.

Venezuela

Uso excesivo de la fuerza.

“En enero, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nacional dictó la Resolución 008610, que permitía desplegar a todas las secciones de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento del orden público. También posibilitaba que se autorizara el uso de armas de fuego durante las actuaciones policiales en las protestas públicas. La resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones. Se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Kluiberth Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táchira cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta”.

España

Tortura y malos tratos.

“En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y recomendó que España modificara la definición de la tortura en su legislación y que investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. Se recibieron informes sobre casos de malos tratos en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación.

Numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme. Al concluir el año no había comenzado el juicio penal contra dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por causar lesiones graves a Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 debido al impacto de un proyectil de goma disparado por la policía durante una protesta en Barcelona. En septiembre, el gobierno catalán accedió a pagar una indemnización de 260.000 euros a Ester Quintana en un acuerdo extrajudicial”.

Documento íntegro de Amnistía internacional.