Madrid: la comisión de la (des)memoria histórica

Tras una serie de iniciales decisiones apresuradas y contradictorias, el Ayuntamiento de Madrid se ha decidido a crear un Comisionado de la Memoria Histórica. Se trata de una comisión formada por expertos y especialistas en la materia, entre cuyas competencias está la de ofrecer cobertura técnica a la aplicación en Madrid de la conocida como ley de memoria histórica, además del desarrollo de un plan integral de políticas públicas de memoria a ejecutar por el Ayuntamiento. Hace un tiempo se conoció el nombre de la presidenta de la Comisión, Francisca Sauquillo, y ahora ya se sabe el del resto de sus integrantes: José Álvarez Junco, Amelia Valcárcel, Andrés Trapiello, Teresa Arenillas, Octavio Ruiz-Manjón y Santos Urías.

Sorprende que se defina y estructure como una comisión de «expertos» cuando realmente no todos sus miembros lo son en la materia. Empezando por su propia presidenta, Francisca Sauquillo, a la que no se le conoce experiencia en cuestiones relacionadas con la memoria histórica. No tiene publicaciones sobre el tema, ni académicas ni de carácter más divulgativo o periodístico, ni tampoco actuaciones públicas al respecto. Su único mérito sería el de haber sufrido el franquismo en toda su intensidad, pero este es un mérito que cuanto menos comparte con muchas personas en este país que, además, sí han trabajado por la recuperación de la memoria.

En ese sentido, parece que el nombramiento de Francisca Sauquillo tiene que ver más con razones de amistad personal con Manuela Carmena que con una hipotética expertise en la materia. De ser realmente así, el resultado es muy grave. Infringiría tanto las reglas básicas que deben presidir el nombramiento de todo tipo de cargos en las administraciones públicas (principios de mérito y capacidad), como la propia filosofía de la «nueva política» que pretende poner en marcha Ahora Madrid, el partido que llevó a Carmena a la alcaldía.

Desde este punto de partida, sorprende -aunque ya menos- que la mayor parte de los integrantes de la Comisión tampoco sean personas expertas en temas de memoria histórica. Teresa Arenillas (arquitecta), Octavio Ruiz-Manjón (catedrático emérito de Historia) y Santos Urías (sacerdote) serán expertos en sus respectivos ámbitos profesionales, por supuesto, pero a ninguno se le conoce aportación alguna en temas de memoria histórica. En el caso de los dos últimos, sus nombres llegan a la Comisión de la siguiente forma: el primero, recomendado por Esperanza Aguirre (agárrense, que vienen curvas); y el segundo, a sugerencia del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Diferente es el caso de los tres miembros restantes. Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía, participó en el informe que otra comisión de expertos (en este caso, nombrada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) elaboró sobre el destino final del Valle de los Caídos. Por su parte, Trapiello es un afamado novelista, propuesto por Ciudadanos, en cuyos escritos sí ha abordado cuestiones relativas a la memoria. Pero lo ha hecho desde una perspectiva bien distinta a la que se presumiría de una persona integrante de una Comisión de este tenor: despreciando al movimiento memorialista y buena parte de sus reivindicaciones.

Finalmente Álvarez Junco, catedrático emérito y exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (también nombrado por Rodríguez Zapatero), fue el encargado de redactar el primer borrador de lo que luego fue, aunque no con ese nombre, la ley de memoria histórica. Sorprende también su incorporación a la Comisión, dado que se trata de una persona que rechaza la nulidad de los juicios del franquismo y que en sus escritos incluso se ha manifestado en contra del propio concepto de «memoria histórica». De ahí que la ley cuyo primer borrador redactó no se llame oficialmente ley de memoria histórica y que dicho concepto no aparezca ni una sola vez en su articulado. Debía ser una ley, en sus propias palabras, «aceptable por los dos lados». Estar en una comisión de memoria histórica cuando no se comparte su propio concepto de partida es lo más cercano a meter un «quintacolumnista» en ella. Tiempo al tiempo.

A estas alturas, poco o nada sorprenderá la ausencia de representantes de las asociaciones de víctimas y memorialistas en la Comisión. La explicación ofrecida por Sauquillo es que no pueden estar porque «son parte, por reclamar… la verdad, la justicia«. ¿Invalida esto su pretensión de formar parte de la Comisión? No parece. En todo caso, se trata de una grave ausencia. En primer lugar, porque manifiesta un auténtico desprecio hacia ellas y su sufrimiento. En segundo término, porque supone ignorar la normativa y recomendaciones internacionales sobre programas de reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos: en ella se exige la presencia institucional de las víctimas en todos aquellos foros o espacios de reparación que se creen. Y esta Comisión es -o debería ser- uno de ellos.

La explicación de Sauquillo denota un grave desconocimiento del Derecho internacional que regula todo lo relacionado con la justicia transicional y la reparación de graves violaciones de derechos humanos. Y ello pone de manifiesto otra ausencia -una más- en la composición de la Comisión: la falta de juristas especialistas en cuestiones de memoria histórica, tanto en Derecho interno como internacional. Sin duda que este vacío condicionará su devenir.

Sirva este breve repaso por el perfil de los integrantes de la Comisión para poner de manifiesto la filosofía que posiblemente presidirá sus trabajos. Una filosofía que se resume en una palabra empleada reiteradamente por Sauquillo: «consenso«. Esta palabra resume las creencias y actitudes de los integrantes de la Comisión que sí han trabajado sobre estos temas; sobre todo, Trapiello y Álvarez Junco. Se trata de la filosofía de los «dos bandos«, según la cual hubo víctimas en las dos partes, porque ambas fueron igual de malas, equiparando así la República con la dictadura franquista. A partir de esta equidistancia -inadmisible para cualquier régimen democrático- es como se explica que se pidan medidas simbólicas de reparación para todas las víctimas o que se muestren públicamente y sin rubor alguno por parte de Sauquillo sus reticencias a retirar la simbología franquista de las calles madrileñas, pasando por alto -y esto es muy grave- el artículo 15 de la ley de memoria histórica, que obliga a las administraciones públicas a su retirada.

Esta teoría de los «dos bandos» desprecia ciertos aspectos que deberían ser clave en el trabajo de la Comisión. Por un lado, que las víctimas del bando franquista ya fueron reparadas hace muchos años. Por otro, que la memoria histórica es la memoria de los olvidados, de los vencidos, de aquellos cuyas historias no pasaron a las páginas de los libros de Historia, como explicaba Walter Benjamin.

En el fondo, frente a la reivindicación de justicia, se privilegia una vez más esa idea del «consenso» típica de la Transición que dejó en el más absoluto olvido y desamparo a las víctimas de la dictadura. Es una lástima que ahora que en otros lugares del Estado (como Valencia, Baleares o País Vasco, por citar algunos ejemplos) se van a desarrollar políticas de memoria basadas en la búsqueda de la justicia, en Madrid el Ayuntamiento -del cambio, como dice ser- siga imbuido en el espíritu de ese consenso propio de otros tiempos.

Pero si hay personas que deben de estar muy contentas estos días, estas son Esperanza Aguirre y los integrantes de la derecha madrileña. Sin estar en el poder, han alcanzado sus últimos objetivos: desactivar por completo las políticas de recuperación de la memoria histórica en Madrid y mantener las reivindicaciones de las víctimas en el olvido institucional. Esperemos no tener que lamentarlo demasiado.

Rafael Escudero Alday
Universidad Carlos III de Madrid
@RafaEscudero1