Salario indigno, sin vacaciones, a dedo… así es el trabajo en las cárceles españolas

Durante los 18 años que ha estado preso, condenado por delitos de falsificación y estafa, Francisco Javier Hervás ha trabajado en el economato, en mantenimiento de pintura, en la emisora de radio… Por algunas de esas ocupaciones ni siquiera le pagaron. Por otras, llegó a cobrar unos 50 euros. El sueldo más alto ascendió a 210 euros, cuando ejercía de responsable del reparto de material de limpieza. “Lo mismo que reciclamos el vidrio, el cartón o los papeles y los salvamos del vertedero, deberíamos hacer con las personas presas, intentar salvar el material humano, potenciar con la herramienta del trabajo que salgan mejor que cuando entran y no convertir la cárcel en un estercolero social, salvando las distancias. Quiero demostrar que soy capaz de trabajar, de hacer algo más que drogarme o delinquir”, explica con una notoria facilidad de palabra en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

La organización ha remitido una proposición no de ley a los grupos del Congreso y una moción al Senado para exigir el cumplimiento de los derechos laborales en las cárceles españolas. «El salario medio está alrededor de 222 euros, por lo que difícilmente se puede cumplir el mandato constitucional del artículo 35 y del artículo 33 de la Ley Orgánica Penitenciaria, de garantizar que la remuneración sea suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia […]. También ocurre, cuando el interno realiza el trabajo para empresas externas, que puede hacerlo mano a mano, en el mismo lugar, con idénticas funciones, con trabajadores de empresa externa, que perciben por el mismo trabajo un importe que al menos triplica el salario del interno», reza uno de los puntos de la moción.

Francisco Javier Hervás, en la sede de la APDHA.

Según el coordinador general de la APDHA, Valentín Aguilar, se está produciendo una violación sistemática de esos derechos, como evidencia Trabajo en prisión. Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas, una investigación realizada por la asociación, editada por Atrapasueños y que cuenta con el aval y financiación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación Ágape.

Entre las principales vulneraciones, el libro, que será distribuido entre la población reclusa, denuncia que los puestos vacantes no se adjudican siguiendo los principios de oferta de empleo público, sino a dedo, en función de la persona que más interesa a la Administración; en muchas ocasiones, el trabajo no está remunerado y cuando sí lo está, en algunos casos, se paga menos del euro a la hora; el mes de vacaciones no está pagado; se trabajan más horas de las establecidas… El desempeño de la actividad laboral puede, incluso, perjudicar al trabajador porque cuando éste concluye su condena le corresponde la prestación por desempleo, que en la práctica es muy inferior al subsidio de excarcelación. Además, el trabajo realizado dentro de prisión queda reflejado en el informe de vida laboral, de manera que la persona presa queda «marcada» ante posibles empleadores.

“El empresario, en este caso la Administración, es el que vulnera la ley. ¿Y cómo va a denunciar la persona presa a la misma Administración de la que depende, por ejemplo, la concesión de permisos?», se pregunta Aguilar, que insiste en la necesidad de la participación de los sindicatos. CCOO, CNT, CGT, SAT y UGT han dado su apoyo a la reivindicación de la asociación. «¿Por qué puede entrar una ONG, un imán o un cura a la cárcel y no un sindicato?», reclama Hervás, que no recuerda el «infinito» número de escritos que ha presentado para él y para sus compañeros, a muchos de los cuales ha enseñado a leer y a escribir. Él salió de la cárcel en 2010, con 50 años y una crisis gigante en toda la cara. Ahora sobrevive trabajando en lo que puede: de sereno, haciendo churros, de camarero…

Reinserción

«La necesidad del preso de mantenerse ocupado, de poder salir del módulo residencial para realizar alguna actividad, tener alguna responsabilidad, desarrollar sus aptitudes, disponer de algún ingreso para minimizar los daños producidos por los delitos cometidos, chocan con el escaso interés demostrado por la administración penitenciaria para la implantación de talleres productivos», afirma Hervás en una carta de agradecimiento en el libro-guía.

Según los datos aportados por la APDHA, basados en cifras del Ministerio de Interior, sólo el 20% de la población reclusa está trabajando. «Y en el caso de las mujeres se evidencia un claro machismo y discriminación», denuncia Aguilar. De las 12.422 personas que trabajan, sólo 1.114 son mujeres. «Las cárceles están pensadas para los hombres, salvo excepciones», concluye.