El caso de los titiriteros evidencia los excesos del delito de enaltecimiento

La última reforma del Código Penal, de 2015, incrementó las penas de prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo, pasando de un máximo de dos años de prisión a un máximo de tres años. Gonzalo Boye, abogado especialista en derechos humanos, escritor y editor de la revista Mongolia, recuerda aquella modificación, introducida en el marco del pacto antiyihadista aprobado hace ahora un año, y va un paso más allá. «Habría que preguntarse si este delito, que fue inicialmente tipificado en el Código Penal de 1995, debería seguir estando, independientemente de que hablemos de un año, de dos o de veinte», reflexiona. Para Boye, «se está penalizando una conducta que tiene un encaje jurídico bastante extraño».

En el caso concreto de los titiriteros encarcelados -finalmente liberados el miércoles-, Boye ironiza: «Este tema se ha salido de madre: la conducta del juez y la fiscal es eminentemente atípica, y está claro que no tiene cabida en el Código Penal: basta acudir a la jurisprudencia». Y concluye: «La Audiencia Nacional está tomando unos derroteros de difícil justificación. Yo me pregunto si la hoy por hoy tiene alguna razón de ser como tribunal».

Jaime Montero, abogado de los titiriteros, cuenta a La Marea que éstos «están bien» tras haber salido de prisión. «Se fueron directamente a dormir», señala. «Están encantados, sobre todo porque han visto todo el apoyo que había en la calle», explica. Más que en el artículo 578, que recoge el enaltecimiento del terrorismo, Montero hace especial hincapié en la reforma del 510, el referente a la incitación a la violencia, del que también han sido acusados sus clientes. «Es el que más ha cambiado de los dos. Se ha convertido en un artículo interminable, que encadena una frase subordinada tras otra, y que incurre en la mayor aberración penal que conozco, pues deja absolutamente en manos del juez decidir qué es constitutivo del delito de incitación al odio», subraya.

Para Montero, el proceso al que se han visto abocados sus clientes es un completo despropósito. Empezando por la encarcelación y terminando por las medidas cautelares, «que no se aplican a gente como Bárcenas o Pujol», destaca. De cara al futuro, el abogado apunta: «Vamos a hacer todo el esfuerzo pedagógico con la sociedad para explicar que lo que han hecho es una obra de ficción, y que no se puede identificar lo que hace el personaje con lo que piensa el actor». Y pone un ejemplo concreto: «En películas cono Días contados hay una exaltación del terrorismo, porque el protagonista es etarra, y a nadie se le ocurrió meter a ningún actor en la cárcel. Esa transmisión que ha habido aquí entre personaje y autor, con el añadido de que la pancarta (o ‘pancartita’) que aparece no está exaltando nada, ha convertido todo este asunto en el colmo del absurdo judicial».

Rechazo frontal

«Una obra de teatro, por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, no representa un peligro para la seguridad. Sólo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos de terrorismo, tal y como han advertido diversos relatores de Naciones Unidas”. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha sido el último de la larga lista de personas que han manifestado de esta manera y públicamente su rechazo frontal a la situación que han vivido estos últimos días los titiriteros.

A través de un comunicado, la organización criticaba duramente la aplicación «injustificada y arbitraria» de la ley, que a la postre suponía la exigencia de medidas cautelares como la comparecencia diaria en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, la fijación de un domicilio, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte.

Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, comparaba esta misma semana la aparición del ya célebre cartel de «Gora Alka-ETA» con «las películas en las que aparece el terrorismo de ETA o Al Qaeda de manera periférica», y manifestaba sus dudas sobre la decisión del juez. «Jurídicamente, es muy discutible que estos hechos sean constitutivos de delito”, apuntaba.

En un comunicado hecho público este jueves, la propia organización de jueces señalaba que «se trata de una obra teatral con títeres, en la que de forma satírica se crítica a la policía, a los jueces y a otras instituciones y estamentos (…). Es obvio que exhibir una pancarta que diga ‘Gora Alka-Eta’ puede suponer enaltecer, en el sentido de ensalzar o hacer elogio. Pero no menos obvio resulta que cuando eso no ocurre en la realidad, sino en la trama de una representación de títeres, hay que estar al contenido, sentido y finalidad de la obra, en definitiva a su mensaje, para considerar que existe tal enaltecimiento».

El escrito de Jueces para la Democracia concluye que «no se detecta que nos encontremos ante una actuación de justificación del terrorismo. Del mismo modo, tampoco se puede apreciar que estemos ante un caso de incitación al odio -el otro delito que se imputa a los dos detenidos- al tratarse de una obra teatral que no promueve a la violencia, hostilidad o discriminación contra grupos o personas, ya que se limita a plantear un relato crítico de carácter simbólico contra determinadas instituciones».