Los siete puntos negros de España en derechos civiles

MADRID // El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado los informes en los que examina a siete países -Venezuela, Reino Unido, Macedonia, España, Canadá, Uzbekistán y Francia- sobre la aplicación del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos.

El informe vierte duras críticas sobre España acerca de sus actuaciones, muchas de ellas llevadas a cabo por el Gobierno del PP, respecto a los Derechos Humanos. La discriminación de género, la Ley Mordaza y el trato a los inmigrantes copan los reproches. El comité de derechos humanos de la ONU está formado por 18 «expertos internacionales» encargados de verificar el cumplimiento del pacto sobre derechos aprobado en Naciones Unidas.

Estos son los siete puntos más importantes del informe en los que España no cumple con los derechos civiles:

• La discriminación étnica en el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la sanidad. El informe insta al Gobierno a “intensificar las medidas destinadas a evitar que inmigrantes y minorías étnicas sean discriminados en el acceso” a esos derechos. El informe asegura que estos colectivos siguen siendo objeto de discriminación.

• Igualdad de género. El comité “lamenta que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado”, particularmente “en puestos decorosos”. El informe hace hincapié en las diferencias salariales entre hombres y mujeres y pide a España aplicar medidas que eliminen estas diferencias y se examinen las causas de “esta disparidad”.

• Reforma del aborto. La ONU critica la reforma que hace que las menores tengan que contar con el consentimiento de los padres para abortar puesto que, dice el informe, esto podría aumentar “los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres”. Recomienda al Gobierno español poner todas las medidas para “no obligar a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida en riesgo”.

• Malos tratos policiales. El comité llama la atención sobre las denuncias por “uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos” por parte de la Policía, “especialmente en protestas ciudadanas”. Para el comité, las explicaciones ofrecidas por el Estado no son suficientes, menos aún teniendo en cuenta la concesión de indultos a Policías condenados por tortura, dice el informe. La ONU pide a España establecer “órganos de denuncia independientes” para gestionar las denuncias por malos tratos policiales.

• CIEs y devoluciones en caliente. Parte del informe aglutina una serie de críticas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y pide a España que no haga un “uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo”, además de garantizar “una detención razonable y proporcionada” de los extranjeros, siempre durante “el período más breve que proceda”, habiendo examinado todas las alternativas antes. Además, denuncia las malas condiciones de los centros y la violencia denunciada en ellos. También critica duramente la práctica de las devoluciones en caliente y pide que se revise la Ley de Seguridad Ciudadana para que se garantice que cualquier persona que pida protección “tenga acceso a procedimientos de evaluación justos y protección frente a la devolución sin discriminación”. También muestra su “preocupación” por los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo y de inmigrantes indocumentados.

• Ley de Amnistía y violaciones de Derechos Humanos del pasado. La ONU vuelve a lamentarse de que siga en vigor la Ley de Amnistía de 1977 que, según dice el informe, “impide la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones”. Asegura que los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas en el pasado es “deficiente” y obliga a las familias a llevar todo el peso del trabajo. El comité pide que se derogue la Ley de Amnistía y que el Gobierno investigue activamente las violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado, con el objetivo de identificar a los responsables, enjuiciarlos y reparar a las víctimas.

• Ley de Seguridad Ciudadana. La ONU expresa en el informe su “preocupación” acerca de la ley del PP por su “efecto disuasorio” para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. En particular, preocupa el uso excesivo de las sanciones administrativas contenidas en la Ley, las cuales «excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales”, se lamenta el informe. El comité insta al Gobierno español a revisar la Ley y a contar con “todos los actores involucrados” para poder llegar a un texto que asegure “la estricta conformidad” con el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos.