España sigue a la cola de Europa en asilo de refugiados

MADRID // El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sitúa a España a la cola de Europa en el compromiso con las personas refugiadas, ya que recibió menos del 1% de las 625.000 solicitudes que llegaron a la Unión Europea. En 2014, el país ofreció protección internacional a 1.585 personas, provenientes sobre todo de Siria y Ucrania, de las cuales sólo concedió el estatuto de refugiado a 384. CEAR llama la atención sobre el alto número de resoluciones desfavorables, que alcanzó un 56%.

«Son datos que muestran con claridad el escaso compromiso tanto de España como del conjunto de la Unión Europea con las personas refugiadas», ha destacado Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR. «A pesar de la puesta en marcha de las Oficinas de Asilo en Ceuta y Melilla, las personas de origen subsahariano siguen siendo las grandes excluidas por no permitírsele el acceso a las mismas», indicó Díaz.

La organización ha recordado que desde el año 2000, más de 22.000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo al intentar llegar a territorio europeo. Una cifra que en 2014 alcanzó las 3.419. «Si queremos que este número no siga creciendo este verano, Europa debe actuar de inmediato y no dilatar más la toma de decisiones» subrayó la portavoz de la organización, que ha mostrado su confianza en que la Unión Europea «recupere lo antes posible sus valores fundacionales y no olviden su compromiso con las personas refugiadas».

«Éxodo mundial sin precedentes»

En 2014 se vivió un «éxodo mundial sin precedentes, el mayor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial» debido al agravamiento de los conflictos en Siria y en numerosos países africanos, según CEAR, que ha presentado hoy su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa y la página web refugiadosmasquecifras.org.

CEAR cifra en más de 55 millones las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por algún conflicto o persecución. Por primera vez, Siria se convirtió en el principal país de procedencia de personas refugiadas, con más de 3,5 millones. La guerra civil en Ucrania originó también el mayor éxodo en Europa desde el fin de las guerras dan a e los Balcanes. Dicho conflicto ha forzado el desplazamiento de más de un millón y medio de personas.

«Pese a esta dramática situación, la Unión Europea sigue sin facilitar vías legales para las personas que huyen de estos conflictos, lo que obliga a las personas refugiadas a arriesgar sus vidas en peligrosas travesías en el Mediterráneo«, ha asegurado la secretaria general de CEAR, Estrella Galán y ha añadido que «esta política de blindaje de fronteras viola sistemáticamente los derechos humanos». Como ejemplos de esta política, CEAR señala la fortificación de las fronteras europeas a través del incremento de la instalación de vallas, el uso de la violencia y las devoluciones ilegales junto a la retirada de operaciones de salvamento en el Mediterráneo.

Ante estos datos, la organización califica el sistema de cuotas propuesto por la Unión Europea como «un avance, aunque insuficiente». Galán ha recalcado que «no se pueden fijar límites en el respeto al derecho internacional que determina la obligación de conceder refugio a las personas que huyen de un conflicto» y ha señalado que según la agencia europea Frontex, más del 80% de las personas que llegan a Europa son potenciales beneficiarios de protección internacional.

Sobre esto se posicionó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una reunión con los demás ministros del Interior de la Unión Europea, en la que rechazó el sistema de cuotas obligatorias de refugiados porque podría generar un «efecto llamada», pidió que se tuviera en cuenta que España practica la solidaridad día a día y recordó la expulsión de 100.000 inmigrantes irregulares en los últimos cinco años en nuestro país. En relación a estas declaraciones, Estrella Galán ha afirmado que «para CEAR este ejemplo no demuestra una práctica de la solidaridad». La secretaria general de CEAR también se ha referido a la Ley de Seguridad Ciudadana, que «pretende dar cobertura legal a las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla«, lo que supone un retroceso en el derecho de asilo.