¿Quién gana con la suspensión del voto sobre el TTIP?

La inclusion de tribunales privados y poco transparentes en el TTIP es una condición fundamental de EEUU y de las grandes empresas pero ha generado el mayor rechazo al tratado entre la sociedad y aquellos políticos que consideran que estos mecanismos socavan la democracia y el Estado de derecho. Tras una gran presión social, el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), al que pertenece el PSOE, rectificó y presentó un par de enmiendas que dejaban muy claro su rechazo al ISDS o cualquier otra construcción que incluyera tribunales privados.

Los movimientos anti-TTIP se felicitaron por el cambio de criterio de los socialdemócratas, cuyo peso en el Parlamento Europeo es crucial. Es evidente que la exclusion sin ambages del ISDS no era asumible por el centroderecha, que ha preferido suspender todo el debate y la votación. Porque hubo presión de otro lado, el lobby industrial. Además de los tribunales de
arbitraje, las grandes empresas estaban muy molestas por otros aspectos de la posición común aprobados por la Comisión de Comercio Internacional (INTA). El grupo S&D logró meter en el documento algunas salvaguardas de derechos laborales, medioambientales y sanitarios.

Pero lo que tocó la fibra sensible en el lobby empresarial fue la exclusión explícita de los servicios públicos en el TTIP. Business Europe, el mayor grupo de presión, dejó muy claro en mensajes enviados a los eurodiputados que no aceptaba tal excepción. En este sentido, la suspensión del voto final en la Eurocámara es una buena noticia para las multinacionales, que ahora pueden aspirar a que el acuerdo final que están negociando la UE y EEUU se ajuste mejor a sus intereses.

¿Pero qué va a pasar ahora? El Parlamento Europeo podría volver a convocar un debate y una votación en los próximos meses o no. Una posición común de la Eurocámara sobre el TTIP, en cualquier caso, no tiene carácter vinculante. Los negociadores podrían hacerle caso a lo que pidan los eurodiputados o no. Pero, como insisten los socialdemócratas, fijar un catálogo de exigencias sí tendría un alto valor simbólico ya que el acuerdo final sobre el TTIP debería ser aprobado por la Eurocámara.

Es posible incluso que la actual mayoría de derecha en el Parlamento Europeo acabe aprobando un acuerdo que contenga todos los aspectos controvertidos, como el ISDS y los servicios públicos. Pero no sera el final del trayecto.  Gracias también a la presión de la calle, varios países han exigido que un future TTIP también deba ser ratificado por los parlamentos nacionales,
algo que no figuraba en los planes originals de la Comisión Europea. Y en muchas cámaras legislsativas la izquierda tiene mayoría, como en Alemania, Francia y, en 2016, quizás también en España.