Senegal: no queremos a su gente, pero sí a sus peces

No tardarán en hundirse en el olvido las 700 personas ahogadas en el Mediterráneo el pasado 19 de abril, pero durante unos días más se oirán las recurrentes llamadas a luchar contra las mafias que las traen a Europa o las perversas afirmaciones que relacionan rescate y efecto llamada. Sin embargo, ningún gobierno se atreve a reconocer que habla de luchar contra un fenómeno que en buena medida contribuye a crear: sin necesidad de aludir a los intereses extranjeros que avivan los conflictos armados, basta recordar las numerosas riquezas en recursos naturales que posee el continente africano – coltán, uranio, gas, madera, diamantes … – que cruzan libremente las fronteras europeas sin que ese comercio ayude en absoluto al desarrollo de su economía ni de su población. La pesca en Senegal es un ejemplo que muestra perfectamente cómo su progresiva disminución, en la que colaboran ampliamente los intereses internacionales, empuja a muchas personas a la inmigración al privarlas de su fuente de trabajo y alimentación. Y en este comercio, España sí que es líder europeo.

El pasado 20 de noviembre se dio en España una paradoja absurda y cruel, pero muy elocuente. Pasado el mediodía, un avión despegaba de Barajas con destino Dakar. Era un vuelo de deportación en el que eran expulsados de suelo español algunas decenas de ciudadanos senegaleses. Seguramente una parte de ellos eran antiguos pescadores a los que las redes vacías habían empujado a buscar mejor suerte en otra orilla del mismo océano. El mismo día 20, algunos diarios informaban del acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Senegal por el que se permite a 38 buques europeos faenar en las aguas del país africano durante 5 años a cambio de 13.960.000 euros. (un 62,5% a cargo de la UE y el resto pagado por los armadores). 25 de esos barcos son españoles. Nuestro país niega los papeles a pescadores africanos, pero nadie se queja cuando abre una lata de atún.

La pesca en Senegal tiene una importancia fundamental para la economía y el desarrollo del país. Según datos oficiales de 2005, el sector pesquero daba trabajo a casi 60.000 personas, e indirectamente a más de 600.000 -una buena parte mujeres, dedicadas a la transformación del pescado-, y representaba casi un 2% del PIB, además de ser una fuente básica de proteínas para la mayoría de su población.

Sin embargo la importancia cada vez mayor de la pesca industrial frente a la artesanal está generando una creciente sobreexplotación, que lleva a una disminución de las captura y un alza en los precios. Esto arruina la economía de muchas familias al tiempo que pone en peligro la seguridad alimentaria de una buena parte de ellas. Gran parte de la flota industrial es de origen internacional, instalada en el país a raíz de acuerdos comerciales y de explotación en los años 70.

Según datos de la ONG Ayuda en acción, el volumen de capturas en Senegal ha descendido de 95.000 toneladas a 45.000 entre los años 1994 y 2005, las exportaciones de pescado han caído un 15% y el número de personas que se dedicaban al procesado y comercialización se ha reducido en más de un 50%.

Oferta insuficiente

Europa y particularmente España no pueden satisfacer su demanda de pescado con los recursos de sus aguas territoriales, por lo que han de buscar otros caladeros, y África occidental es uno de los más importantes. En 2006, Senegal decidió no renovar los acuerdos de pesca con la UE, pero las empresas europeas han podido seguir pescando en sus aguas a base de acuerdos privados o creando sociedades mixtas con empresas senegalesas.

Como recoge en su página web el ICEX, antiguo Instituto de Comercio Exterior, en 2014 cuatro empresas españolas trabajaban en Dakar en el sector pesquero. Soperka, del grupo Pereira; Sopecasen, del grupo Freiremar; Senevisa, perteneciente a Vieirasa; y la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores, AGAC, perteneciente a OPAGAC. Según un estudio de la Universidad de Sevilla, “España lidera la formación de empresas mixtas, gran parte de ellas creadas con ayudas públicas a través del lobby Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros, uno de cuyos socios es la Secretaría General del Mar del Gobierno español”.

El acuerdo firmado con Senegal permitirá a 38 embarcaciones comunitarias capturar anualmente 14.000 toneladas de atún. Los buques españoles que obtendrán licencia para faenar serán 16 atuneros cerqueros, 7 cañeros y 2 arrastreros, autorizados estos últimos a la pesca “experimental” de merluza negra con capturas accesorias de cefalópodos, crustáceos y otras especies demersales (del fondo marino).

Como era de esperar, el convenio con la Unión europea ha causado numerosas protestas entre los pescadores africanos, que temen que este acuerdo contribuya a la sobreexplotación de su patrimonio pesquero. En declaraciones a Radio Nacional, Babacar Gaye, presidente de la Asociación de Jóvenes Pescadores de Saint Louis, se quejaba de que “38 barcos durante 5 años son datos que dan miedo. El pescado está desapareciendo. Estos barcos son como fábricas, pescan y tratan en el mar. Lo están destruyendo, deberían tener límites, pero nosotros no tenemos medios para controlar eso. No es solo una cuestión de dinero”.

Monstruos marinos

En efecto, la capacidad de pesca de muchos de los buques de la flota internacional supera con creces la de las naves utilizadas por aquellos que practican la pesca artesanal. Como muestra un ejemplo que recoge Greenpeace en un reciente informe llamado Monster Boats: “Se necesitarían más de 50 embarcaciones tradicionales mauritanas faenando un año entero para capturar lo mismo que un buque perteneciente a la Asociación de Arrastreros Congeladores de Pesca Pelágica captura y procesa en un solo día”.

En este mismo informe se denuncian algunas de las técnicas que usan los grandes buques de pesca. Por ejemplo los atuneros cerqueros, que emplean dispositivos de agregación de peces (FAD), objetos flotantes que atraen a los peces a las redes de cerco, pero que confunden también a ejemplares jóvenes, “además de muchas especies que no son objetivo, como tiburones y tortugas”. O las prácticas destructivas de los arrastreros de profundidad, que con unas redes “que pueden cubrir el área de varios campos de fútbol, son en la actualidad la mayor amenaza para la biodiversidad de los fondos marinos” y acaban devolviendo al mar, muertos, muchos de los animales que capturan.

De los 20 barcos europeos que Greenpeace denuncia en su lista por estar sobredimensionados y ser una amenaza para la sostenibilidad de los mares, cinco de ellos son españoles. Se trata de los cerqueros vascos Txori Argi, Albacora Uno y Albatún Tres (estos dos últimos pertenecientes a OPAGAC), y los arrastreros de fondo gallegos Eirado do Costal y Playa de Tambo.

Pesca ilegal subvencionada

La pesca ilegal es otra de los problemas a los que se ha de enfrentar Senegal, al igual que otros países de la zona. Según la organización británica Environmental Justice Foundation, las aguas de Africa Occidental sufren los niveles más altos de pesca INDNR (ilegal, no documentada, no reglamentada) con un valor de entre 828 y 1.600 millones de dólares cada año. En una investigación de dos años y medio realizada en aguas de la zona, concretamente en Sierra Leona, la Fundación recibió 252 denuncias y detectó 10 buques distintos que realizaban numerosas prácticas ilegales como pescar en zonas prohibidas, ocultar sus nombres, transbordar pescado ilegalmente en alta mar, atacar a pescadores legales y destruir las artes de pescado artesanales o abusar laboralmente de sus tripulaciones.

En esta investigación también detectaron que muchos de los barcos que pescan ilegalmente poseen certificados para exportar sus productos pesqueros a Europa, en cuyos mercados “blanquean” sus capturas ilegales. Las Palmas fue uno de los puertos señalados por la Fundación británica como fundamental en este comercio y “la llave para evitar la entrada de pesca ilegal en la Unión Europea”.

Tanto el Txori Argi, de la compañía Inpesca, como el Albacora Uno, del grupo Albacora, están incluidos en la lista negra de Greenpeace y la organización ecologista ha denunciado frecuentemente su implicación en casos de pesca INDNR. El mencionado informe Monster Boats recuerda por ejemplo que al buque Txori Argi se le “pilló en 2012 pescando sin licencia de pesca en la Zona Económica Exclusiva de Mozambique y fue multado con 1,2 millones de euros”. Al Albacora Uno le atribuye numerosas infracciones como el uso ilegal en 2010 de 67 dispositivos agregadores de peces (por lo que fue multado por Estados Unidos con casi cuatro millones de euros) o el ser descubierto en 2012 en aguas de las Islas Marshall con 18 cadáveres de tiburón a bordo, lo que le valió una multa de 55.000 euros.

Las multas impuestas al grupo Albacora son frecuentes. Siempre según datos de Greenpeace, el Albacora Uno fue multado en 2013 con cerca de un millón de dólares por seis casos de pesca ilegal; el mismo año otros cinco buques de la empresa “fueron hallados pescando atún sin licencias válidas en aguas de Liberia, pero OPAGAC intercedió para que el asunto se solucionase fuera de los tribunales con un pago de 250.000 dólares”.

Es la sucesión de este tipo de casos lo que hace a la organización ecologista denunciar este modo de negocio elegido por algunas empresas como Albacora de preferir pagar las multas por pesca ilegal porque “son bajas y hay pocas o nulas consecuencias tras robar estos recursos”.

Tanto los propietarios del Txori Argi como del Albacora Uno han recibido, a pesar de su implicación en casos de pesca INDNR, millonarias subvenciones de la Unión Europea. La construcción del Albacora Uno fue subvencionada con 3.773.141 euros; la del Albatún Tres, con casi cinco millones de euros y la del Txori Argi, con 4.674.240 euros.

Siguiendo con la implicación en pesca INDNR de las empresas instaladas en Senegal, un informe de la ONG Setem recoge un caso de pesca ilegal en el que está implicada la empresa mixta hispano senegalesa Soperka, controlada por el grupo español Pereira: en 2008, uno de sus buques, el palangrero Al Amine, fue detenido en Madagascar con 33 toneladas de productos derivados del tiburón pero sin licencia de pesca. En el momento de su detención el barco llevaba bandera senegalesa, aunque anteriormente había tenido bandera española y luego de Namibia.

Banderas de conveniencia, los paraísos fiscales del mar

La existencia de las banderas de conveniencia y la posibilidad de cambiar frecuentemente de pabellón es una de las estrategias más usadas por las compañías pesqueras para eludir los controles. Son una suerte de paraíso fiscal o legal flotante, ya que a los barcos se les aplica la ley del Estado en el que se matriculan y son estos los encargados de vigilar las actividades de los barcos que enarbolan su bandera. Comprando un pabellón de un Estado que no tenga capacidad o voluntad de control, los dueños de un pesquero se garantizan las menos molestias posibles ni sobre el tipo de pesca que realizan ni sobre las condiciones con que esta se lleva a cabo, burlando de esta manera la normativa medioambiental, laboral y fiscal.

Greenpeace ha denunciado en varias ocasiones un fenómeno que ellos denominan “exprimir las banderas”, por el cual los propietarios de los buques establecen sociedades pantalla para abanderar los barcos en un país distinto a donde tienen la sede para poder eludir los límites sobre la capacidad pesquera o acceder a cuotas de pesca o subvenciones de otros países. La facilidad para cambiar de pabellón dificulta aun más la identificación de la nave y la lucha contra la pesca ilegal, así como el poder identificar a los verdaderos propietarios de un barco que pesca ilegalmente, y más aun sancionarlos. Para contrarrestar esta falta de control, varias organizaciones, como la Environmental Justice Foundation, han solicitado a la FAO elaborar un registro mundial de buques pesqueros asignando a cada uno un Identificador Único de Buque, que contenga su historial, información de sus implicaciones en casos de pesca INDNR, así como de las zonas en las que tiene licencia para pescar.

En Monster Boats, Greenpeace resalta el caso del grupo Albacora, cuyos 18 buques capturaron en 2012 un total de 171.000 toneladas de pescado en los océanos Pacífico, Indico y Atlántico. Sin embargo, sólo seis de estos barcos tenían bandera española, porque los otros doce enarbolaban pabellón de Curaçao, Ecuador, las Seychelles, Panamá o Kiribati.