“Tememos que en Colombia se negocie un intercambio de impunidades”

Desde finales de 2012, delegaciones del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) llevan negociando en La Habana un acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto armado, el más largo de América Latina. El presidente Juan Manuel Santos no oculta su optimismo de que esta vez se puede conseguir la paz. Para ello, está dispuesto a hacer importantes concesiones. Marcelo Pollack, el investigador en Colombia de Amnistía Internacional, está vigilando de cerca para que estas concesiones no correrán a cuenta de las víctimas del conflicto.

El Gobierno de Santos afirma que, con el fin de obtener la paz, habrá que sacrificar algo de justicia. ¿Qué opina Amnistía de esto?
Diríamos lo contrario, que no puede haber una paz duradera sin justicia. Hemos reconocido que el Proceso de Paz en Colombia es la mejor oportunidad en más de una década para realmente poner fin a este conflicto que lleva más de 50 años. Sin embargo, la columna vertebral de este proceso debería ser el tema de las víctimas, especialmente el derecho de las víctimas a la verdadera justicia y la reparación. Colombia tiene una clara responsabilidad de respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Llevamos insistiendo desde hace dos años en que las voces y los derechos de las víctimas deben formar esta columna vertebral del proceso. Sin esto, hay un serio peligro de que un futuro acuerdo de paz no va a conseguir sus metas a largo plazo.

Pero las víctimas no son un bloque homogéneo. Los hay dispuestos a perdonar y otros que no.
Claro. Somos los primeros en decir que las víctimas están en su derecho de decidir sobre su propio destino. Pero -y es un pero muy grande- existe un estado de derecho en Colombia. Ha firmado varios tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Estatuto de Roma, que deja muy claro cuáles son las responsabilidades de los estados en relación con la justicia. Tiene el deber de llevar ante los tribunales a aquellos sospechosos de tener una responsabilidad penal individual de crímenes internacionales. Estamos preocupados por lo que se puede estar negociando en La Habana. Es un temor que también reflejan los periódicos y muchos analistas, de que, al final, se estará negociando un intercambio de impunidades entre ambos bandos. No hay que olvidar que la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave, con cientos de miles de desplazados. Y ha aumentado el número de amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas o sindicalistas. En el Congreso colombiano hay cinco proyectos de ley destinados a blindar las fuerzas públicas de investigaciones por violaciones de derechos humanos.

En las negociaciones de La Habana se está contemplando introducir el mecanismo de “Justicia Transicional”. ¿Hay un posible encaje con el derecho internacional del que habla usted?
Difícilmente. La Historia dice que no. Los procesos anteriores que implementaron esta justica transicional, básicamente, fueron procesos de impunidad. Tememos que en Colombia va a ser lo mismo. Aquí hay un debate para averiguar cuál sería el mínimo aceptable para los victimarios más que preguntarse qué sería aceptable para las víctimas. Es un debate entre posibles victimarios más que un debate sobre una justicia que sería conforme al derecho internacional. No estamos diciendo que habrá que investigar inmediatamente a todo el mundo. Dentro del derecho internacional se puede determinar un mecanismo de priorización pero no se puede renunciar a la investigación. Bajo los tratados internacionales los estados no tienen el derecho de prescindir de la investigación de violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra y de lesa humanidad entre otros. Siempre está abierta la puerta a la intervención de Corte Penal Internacional.

El Gobierno de Santos mantiene que en algo hay que ceder ya que un dirigente de las FARC no firmaría un acuerdo de paz para acabar en la cárcel. ¿No le convence?
Como organización de derechos humanos nos basamos en el derecho internacional. Seríamos ingenuos si obviáramos que existe un contexto político. Pero Colombia es un Estado de derecho y las leyes tienen que respetarse. Si se pueden pensar en otros mecanismos que satisfacen el derecho internacional, como mínimo comprometerse a encontrar a los responsables individualmente, puede haber cierta flexibilidad. Pero estos mínimos figuran en los tratados internacionales que Colombia firmó durante el conflicto, sabiendo perfectamente que en un futuro podría ser posible un proceso de paz.

Se habla de crear una comisión de la verdad. ¿Sería aceptable buscar la verdad sobre los crímenes pero dejarlos sin castigo?
Lo importante para nosotros son la verdad y la justicia judicial. Las comisiones de paz tienen un papel importante, aunque todo depende de los detalles, de cómo se conforman y del alcance de su actuación. Pero estas comisiones no son instrumentos legales, no tienen fuerza legal. Si Colombia quiere constituir una comisión de la verdad, perfecto, pero esto no puede sustituir al proceso judicial.

¿Qué margen de maniobra tienen el Estado colombiano para decidir qué cosas se juzgarán?
Tiene un marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso, aunque aún no tiene fuerza legal. Esta ley intenta establecer el derecho de decidir a quien se puede investigar y limitar investigaciones penales a los máximos responsables. Pero no hay una definición clara de quiénes son considerados como máximos responsables. Esta ley también daría la potestad de cancelar o suspender condenas. Este marco legal ya ha sido criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por nosotros porque lo consideramos otro mecanismo para blindar a responsables de serios crímenes contra la humanidad. Se dice que la impunidad total no sería aceptable y ahora se está discutiendo qué nivel de impunidad sería aceptable. En este debate no nos metemos, solo recordamos los mínimos.

Otro problema jurídico en el proceso son las demandas de extradición de EEUU, básicamente para personas involucradas en el narcotráfico.
Es verdad que algunos máximos líderes de las AUC y otros grupos paramilitares fueron extraditados a EEUU pero por narcotráfico y no por violación de derechos humanos. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de los crímenes que pueden haber cometido estos. Pero en el tema concreto de las extradiciones no nos metemos.

En los Diálogos de Paz en La Habana se ha valorado mucho que esta vez se está escuchando a las víctimas.
Es verdad que este proceso ha sido más incluyente que otros anteriores, aunque no tengo información sobre qué temas en concreto hablaron con las víctimas. También el contexto político internacionales es diferente a intentos anteriores de negociar la paz en Colombia cuando aún no había una Corte Penal Internacional.

¿Un fin de la guerra entre la guerrilla y el ejército tendría un efecto sobre otro tipo de violación de derechos humanos, como el paramilitarismo o los asesinatos de activistas y sindicalistas de que hablamos?
En Colombia mejor hablamos de varios conflictos, no hay un solo conflicto. El paramilitarismo sigue vigente aunque con otras estructuras y otros nombres que antes. ¿Qué impacto va a tener el proceso de paz sobre el paramilitarismo? Nada, me temo. Todo intento de calificarlo como un fenómeno puramente criminal es peligroso porque obvia la responsabilidad que tiene el Estado por la connivencia frecuente de las fuerzas de orden públicas con los paramilitares. Otro asunto muy importante del proceso es el tema de las tierras. Es uno de los puntos principales en las conversaciones en La Habana y una de las causas principales que provocaron el conflicto y de que aún se mantiene. Por ello el Gobierno sacó la ley de víctimas y restitución de tierras, del cual hacemos un seguimiento de su implementación.

En su día en 2010 el Gobierno ofreció cifras muy optimistas sobre el número de tierras que serían restituidas hasta 2014. Estamos hablando de seis millones de desplazados y ocho millones de hectáreas que se deben devolver. Dos años después de implementarse la ley, hay sentencias judiciales, lo cual no significa necesariamente que los beneficiados ya hayan podido volver a sus tierras, que afectan a un total de 800.000 hectáreas, solo una décima parte. Ha habido un aumento claro de amenazas contra personas que reclaman sus tierras, defensores de las víctimas y también contra funcionarios del Estado. Seguimos apoyando esta ley del Gobierno de Santos pero creemos que ha tenido una implementación muy pobre.

Volviendo a los paramilitares, hay ejemplos y denuncias de empresas extranjeras que se aprovechan de estos grupos para sus fines comerciales. ¿Le consta?
Siempre insistimos a las empresas que quieren invertir en Colombia de que no basta con no estar directamente vinculados con casos de despojos de tierras y otros crímenes sino que, además, tienen la responsabilidad de cuidar de que no se beneficien de abusos que han ocurrido en el pasado. Hay muchas zonas en el país donde se ha forzado la marcha de la gente y luego entran empresas, como del sector agroalimentario o de minería. Hay empresas que tienen cuidado con esto y otras que no. No puedo mencionar nombres.