Mossos y Casa Real hacen “listas negras” entre la plantilla del Congreso Mundial de Móviles

JESÚS RODRÍGUEZ // El Director General de la Policía catalana, el exsocialista Albert Batlle, reconoció el pasado sábado que las medidas de seguridad en torno al Congreso Mundial de Móviles (MWC) que arranca este lunes en Barcelona son excepcionales y que se ha incrementado en un 57% el número de agentes destinados al evento. Batlle no detalló qué tipo de actuaciones se estaban haciendo, pero según ha podido saber este medio en algunos casos se podría haber cruzado la línea de la legalidad.

El grado de control es tan exhaustivo que el Departamento de Interior, en estrecha colaboración con el servicio de seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, se ha puesto como objetivo que durante la celebración del MWC ningún trabajador que no haya pasado los «filtros» de la División de Información de la policía catalana pueda pisar el interior de los ocho pabellones del recinto Gran Vía 2 de Fira de Barcelona. ¿Cuáles son estos filtros? A principios de febrero, agentes de esta unidad de inteligencia se pusieron en contacto con el departamento de recursos humanos de todas las empresas que prestan servicios en el MWC entre el 2 y el 5 de marzo, días de apertura al público del encuentro más grande del mundo en el ámbito de la industria de la telefonía móvil. Con especial atención puesta en el acto de inauguración, presidido este lunes por el rey de España, Felipe VI, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, además de numerosos representantes internacionales.

El objetivo de la actuación de los Mossos -que oficialmente centran sus preocupaciones en el yihadismo internacional- era el de recoger los nombres, apellidos y DNI de las miles de personas que trabajarán esta semana en la Fira de Barcelona. Guardas de seguridad, servicio de atención al cliente, limpieza y restauración centrarán el grueso de la contratación. Según datos proporcionados por el MWC, estos días se formalizarán 12.672 contratos a tiempo parcial. Estos listados de datos personales, una vez cruzados con las bases de información policial, han dado como resultado unos nuevos listados de personas «no aptos» para trabajar en el Congreso Mundial de Móviles. Así lo comunicaron los responsables de información de la policía autonómica a los jefes de recursos humanos de las empresas inspeccionadas. La consecuencia directa de esta comunicación ha sido el despido -en algunos casos con la convicción, por parte de la empresa, de actuar dentro de la legalidad- de algunas trabajadoras que a partir del 23 de febrero se tenían que incorporar al trabajo en el interior del recinto. Uno de los despedidos ha denunciado que llegó a trabajar durante unas horas y que, de repente, desde recursos humanos le comunicaron que el contrato se había rescindido. Tuvo que dejar su credencial y abandonar el recinto. «No tengo antecedentes judiciales, esto es un castigo hacia gente que participamos de entornos militantes», concluye el afectado.

Al menos una decena de personas están en su situación, pero podrían ser muchas más, atendiendo a las dimensiones del evento. Entre las despedidas hay personas con antecedentes judiciales como consecuencia de sus actividades políticas -ocupación de inmuebles o desórdenes públicos-, otras que fueron identificadas durante la acampada del 15-M en plaza Cataluña, pero incluso hay casos de trabajadores despedidos que aseguran no haber sido nunca ni detenidos ni identificados. Es por ello que surgen numerosas dudas de cuál ha sido el procedimiento para la elaboración de estas «listas negras». Los archivos de antecedentes policiales y judiciales sólo pueden incorporar las detenciones y las condenas, aunque si alguien es absuelto con sentencia firme judicial puede exigir legalmente que sus datos sean borrados de estos registros. ¿Cómo se explica que alguien sin antecedentes pueda ser señalado como «sospechoso»? De momento la pregunta no tiene una respuesta clara, pero organizaciones como Rereguarda en Moviment y Alerta Solidària, así como la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, manifestaron -durante el juicio a las veinte personas procesadas por la acción del cerco, hace cuatro años, del Parlament de Catalunya- su preocupación por la posible existencia de archivos policiales elaborados «bajo criterios políticos o ideológicos».

Testigos del goteo de despidos

«A todo el mundo le están dando largas. Me dijeron que era un tema de costes y presupuesto, que habían hecho una modificación de última hora y entonces el contrato quedaba anulado», denuncia otro de los afectados por la razia de puestos de trabajo. «Son contratos con periodo de prueba, y por una cosa u otra te pueden chutar si quieren. Antes te movían de un pabellón a otro. El año pasado fuimos unas cuarenta personas. No esperaba que me dejaran sin trabajar», manifiesta una chica que debería haber seguido contratada hasta el 5 de marzo pero que la dejaron en la calle el pasado 24 de febrero. «Desde recursos humanos me dijeron que habían anulado el servicio donde debía trabajar. Por lo que he oído parece ser que no es cosa de la empresa y que viene de arriba, que es una orden de los Mossos y que por unos motivos que no les detallaron, hay gente que no podemos trabajar «, en palabras de otro de los afectados. «Esto no quiere decir que no nos vuelvan a contratar, porque creo que la empresa está contenta con nosotros. Más adelante nos volverán a contratar, eso espero «, matiza este chico con una cierta esperanza. Todas las fuentes consultadas aseguran que este año los Mossos tienen mucho más poder de decisión dentro del recinto de la Fira de Barcelona y que, incluso, han instalado una comisaría. «Esto no es por un problema de seguridad, todo es un pretexto y los Mossos ejecutan un castigo contra la gente disidente», afirma con indignación otro chico que ni siquiera se ha podido incorporar al trabajo.

 La opinión de los expertos en derecho laboral

«Incluso por un tema de presupuesto no sería causa de rescisión. El despido sería claramente improcedente si la razón fuera la reducción de presupuesto. Y si entramos en la otra hipótesis, aunque haya una sentencia judicial firme contra alguien no se le puede rescindir el contrato en base a eso». Así de tajante se muestra Vidal Aragonés, abogado laboralista del Colectivo Ronda, tras estudiar los casos. «Uno de los principios de nuestro sistema penal es la reinserción y, por tanto, es discriminatorio despedir alguien por sus antecedentes. Si se pudiera demostrar que el origen del despido es una detención o una ficha policial, podríamos conseguir la nulidad del despido, ya que se habría hecho por razones ideológicas», reitera Aragonés, que opina que esto «es precisamente lo que ocurría durante la dictadura de Franco». «Si la policía afirma que alguien porque tiene antecedentes puede poner en peligro la seguridad durante una visita del Rey, pueden decidir asignarle una tarea en otro punto de la Fira de Barcelona, pero nunca despedirlo». Y pone un ejemplo de unos hechos que ocurrieron hace tres meses. «Que un trabajador haga una manifestación ante la visita de una autoridad, eso la empresa ni siquiera lo puede valorar. Hace poco, en la planta de SEAT en Martorell, algunos trabajadores mostraron una bandera republicana ante Felipe VI, esto no se puede impedir. Mientras trabajo no pueden limitar mi derecho a la libertad de expresión «, propugna con contundencia este laboralista que también imparte clases de derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. «Si se tiene la prueba de que la causa de la extinción es por razones políticas esto se puede llevar a los juzgados», concluye.

Los despidos no se han comunicado por escrito

Todo este episodio todavía incorpora una peculiaridad más. Los despidos se han hecho sin ninguna comunicación escrita, sólo verbal. Aun así, los afectados sí han sido dados de baja de la Seguridad Social. «Si tienes un contrato de obra y servicio para trabajar en el Mobile World Congress, en caso de que éste finalice antes de que acabe el evento, te tienen que decir por qué te han despedido. Si no has superado el periodo de prueba te lo deben comunicar por escrito», opina otro abogado laboralista, Francesc Peiret, después de ver el contrato de uno de los jóvenes despedidos. «Si es en base a los antecedentes lo encuentro discriminatorio, pero lo pueden justificar por temas de seguridad. El problema es que veo posibilidades muy bajas de demostrarlo, ¿un responsable de recursos humanos puede testificar contra la empresa?», se pregunta Peiret. «Pueden interponer una demanda solicitando la nulidad de los despidos y consecuentemente su readmisión por cuestiones discriminatorias. ¿Pero cómo las acreditas? Desde el punto de vista externo es muy difícil. Esto se podría demandar más fácilmente debido a que se trata de un despido improcedente, pero sabiendo que la cuantía indemnizatoria es muy baja», concluye este jurista.

[Artículo publicado originalmente en La Directa]