Las denuncias de malos tratos se acumulan en el CIE de Zapadores

En su declaración de denuncia, Mohamed Rezine Zohuir relata que el 19 de enero, tras verter «accidentalmente» agua de un vaso en el comedor, un agente le llevó a las duchas del centro, cerró con llave, y le propinó «patadas, puñetazos y golpes con la porra». En el momento en el que el interno estaba en el suelo y el policía tenía una bota sobre su cabeza -siempre según explica éste en la denuncia-, entró una agente y la enfermera del centro, a la que escuchó decir, “deja al chico, lo vas a matar”. Asegura que tuvo que ser trasladado al hospital, donde fue intervenido con 17 puntos de sutura. Además, presenta moratones en varias partes de su cuerpo.

Las denuncias contra los policías del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) se acumulan en los juzgados de instrucción. El Defensor del Pueblo ya ha expresado su preocupación por los hechos que los internos aseguran que pasan entre sus paredes. Entre tanto, la Delegación de Gobierno se limita a negarlos y recuerda que el centro cuenta con cámaras que graban todo lo que acontece en él. La dirección, por su parte, se niega a declarar nada sobre las acusaciones.

El año pasado se presentaron más de 40 denuncias por parte de los inmigrantes internos contra los policías. De hecho, esta misma semana un juzgado ha admitido a trámite una querella por torturas y se está a la espera de que otro juzgado se pronuncie sobre otra similar. Estos dos últimos casos se refieren a las torturas que aseguran haber recibido dos internos por parte de varios agentes que carecían de identificación. Mohamed es uno de ellos.

El juez considera que se deben investigar unos hechos que podrían ser “constitutivos de delito contra la Integridad Moral”. Por eso, lo ha llamado a declarar el próximo 20 de febrero y ha solicitado a la dirección del CIE las grabaciones del día en el que sucedieron los hechos, la identificación del presunto agresor y los testigos, incluidos la enfermera y el médico que asistieron al interno, y que se envíe su expediente médico y parte de asistencia.

La denuncia de Mohamed es sólo la última de una retahíla de quejas, querellas y demandas. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE, su portavoz, Ana Fornés, asegura que esto deja claro que «no es una mala práctica puntual», y demuestra que «ante tanta violencia estructural, hay una falta de preocupación muy grave por parte de la dirección del CIE, la delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior».

«Se repiten las denuncias y no se toman medidas de precaución, más bien al contrario. Parece que las medidas que se toman favorecen la impunidad porque deportan a las víctimas y no se suspende a los implicados», denuncia Fornés.

En octubre del año pasado, varios internos de origen argelino denunciaron agresiones de la policía tras un intento de fuga. Ante la Defensoría del Pueblo, explicaron que hubo una decena de heridos a los que se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de tres agentes de policía. Además, según las declaraciones de los afectados, ninguno de ellos fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y fue el servicio médico del CIE el que les aplicó los puntos de sutura.

Proceso abierto

Uno de los pocos procesos que siguen abiertos es el de juzgado de instrucción que investiga un delito de agresiones a cinco menores argelinos. El pasado mes de noviembre declaró uno de los agentes que los presuntos agredidos pudieron identificar. Negó los hechos que se le imputan.

El caso parte de la denuncia de cinco jóvenes argelinos, que aseguraron haber recibido agresiones, y que contaban con informes médicos. La causa se archivó en primera instancia, aunque luego se reabrió el caso. En un principio, el juzgado no llamó a declarar a los policías que estaban de servicio y las víctimas fueron expulsadas sin que se les tomara declaración. Semanas después, la Audiencia de Valencia admitió el recurso de apelación de las víctimas, al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal, obligando al juzgado a reabrir el caso y a practicar diligencias de investigación.

Chinches, duchas de agua fría e insultos racistas

Por otro lado, son constantes las quejas ante el juzgado sobre la situación del centro de Zapadores. De hecho, el juzgado de instrucción número 3, el encargado de velar por que se cumplan los derechos y libertades de las personas internas, ha recibido una denuncia por una plaga de chinches.

El 5 de diciembre del año pasado, el Defensor del Pueblo entregó al director del centro una lista con las quejas y medidas a tomar en cuanto a las instalaciones y las condiciones de las personas que allí están encerradas, entre ellas facilitar ropa de abrigo.

A finales de enero, 41 internos también denunciaron la situación “deplorable” del CIE. Entre sus quejas aparece la falta de agua caliente en las duchas durante todo el periodo invernal. También que sólo pueden hacer uso de un aseo para 80 personas, que sufren aturdimiento después de las comidas -que definen como “escasas e insulsas”-, así como que carecen de zonas y actividades de ocio durante el encierro, lo que conlleva un sentimiento de desesperación durante los hasta dos meses que pueden permanecer allí. Asimismo, se quejan de que no existen dispositivos de apertura mecanizada de las celdas -lo que aumenta el peligro en caso de incendio-, y el trato discriminatorio por parte de algunos agentes de Policía. Varios internos aseguran recibir insultos racistas o locuciones amenazantes como “si me vuelves a hacer alguna pregunta te rompo la cabeza” o “cógete un billete y lárgate a tu país”.