Los trabajadores de Coca-Cola: “Nos mandaron a la calle como perros”

Un año, decenas de obstáculos legales, cientos de manifestaciones y miles de gritos después, los trabajadores del conjunto de embotelladores de Coca-Cola aún no han podido beber de la justicia que la Audiencia Nacional les concedió en junio. Son 276 los espartanos y espartanas -como ellos se definen- que durante este tiempo han elegido no darse por vencidos ante la multinacional que durante estos meses ha tratado de silenciar su protesta, según denuncian. Cada uno tiene su familia y raro es el que no cuenta una historia en la que hace malabares para sacarla adelante mientras sigue con su lucha. Pero hablemos de ellos como un grupo, el que decidieron ser en el mismo instante en el que se les comunicó que iban a ser despedidos. “Desde ese momento lo tuvimos claro: nuestro objetivo primordial iba a ser defender nuestros puestos de trabajo”.

El pasado 21 de enero se cumplieron 365 días desde que Coca-Cola Iberian Partners presentara un ERE que afectaba a 1.190 familias. Se establecían despidos colectivos y el cierre de cuatro fábricas. “Nos marcaron una pauta de negociación: es la empresa quien impone las condiciones en la mesa de trabajo”, afirman desde la Marea Roja.

Lo mínimo para lograr una negociación fructífera es sentarse a negociar con otro talante, opina uno de los sindicalistas de CocaCola en lucha, y más, si tratan de cerrar y echarlos forzosamente de la fábrica que han levantando con años de esfuerzo y trabajo. “No nos ofrecieron las condiciones económicas que plantearon en The Coca-Cola Company: despidos voluntarios y sueldos de 65 días (por año trabajado). En vez de eso, nos mandaron a la calle como perros, que no les extrañe entonces, que como ellos, la calle hayamos tomado”.

“Llevo trabajando en Fuenlabrada desde hace 24 años y la empresa me ofrecía una indemnización de 36 días por año trabajado”, explica uno de los trabajadores. “He trabajado mano a mano durante todos estos años con compañeros a los que quieren despedir con 60 años y 20 días. ¿Cómo quieren que permitamos este trato de vergüenza a los que han sido nuestros maestros?”.

El 31 de enero comenzaron la huelga indefinida y desde ese mismo día se iniciaron las movilizaciones semanales, incluso diarias. “Si llevamos más de 365 días sin trabajo, habremos estado en 370 protestas”, dice uno de los veteranos del campamento con la gorra llena de causas. Acompañaron al Atlético y al Real Madrid a Portugal para visibilizar sus lemas con motivo de la final de la Liga de Campeones, y también se unieron a los afectados por la Hepatitis C. “¿Cómo no vamos a seguirles si tenemos a un compañero enfermo?”, se asombran tras la pregunta. “Y aunque no lo estuviera, iríamos igual”, añaden. Han recorrido las calles del centro de la capital desde Callao hasta Sol más veces que cualquier turista. El último grito y el más sonado fue hace un par de días en la gala de los Premios Goya.

Cuando la justicia hace un auto de presencia

La Justicia, a través de la Audiencia Nacional, les ha dado la razón hasta en tres ocasiones. Pero aún siguen esperando que esta haga acto de presencia. El pasado 13 de junio, el Alto Tribunal obligó a Coca-Cola a readmitir a los trabajadores despedidos y al pago de los salarios que habían dejado de percibir. Una sentencia cuyo cumplimiento “inmediato” reiteró 5 meses después. «Se requiere a las empresas ejecutadas para que en el plazo de un mes procedan a la cuantificación de los salarios de cada trabajador con sus intereses y de la deuda correspondiente a cada uno de ellos y su fórmula de pago», expresaba el auto.

La compañía, que entonces se negaba a abrir la planta en Fuenlabrada -de donde proceden prácticamente todas las personas que se han enfrentado a ella en los tribunales-, tenía dos opciones: reincorporar a sus trabajadores de manera urgente o bien pagarles sus sueldos y dilatar su readmisión hasta conocer la decisión del Supremo, al cual recurrió en junio.

Ni una ni otra, la empresa se inventó una tercera vía. “Nos manda una carta en la que dice que el día 9 de enero nos tenemos que ir a trabajar a otro lugar, en mi caso a Barcelona, y nos dice que sino lo hacemos, no nos paga nuestro salario de tramitación (aquellos salarios que abona el empresario por cada día que el trabajador se encuentre desempleado como consecuencia de un despido injustificado o nulo)”, explica un empleado. Una estrategia, denuncian, que trataba de estirar el proceso. “Quieren conseguir que nos vayamos del campamento, dividirnos a través de demorar los pagos”. Esta vez es Juan Carlos Asenjo quien habla, la voz con más autoridad entre los trabajadores de la planta de Fuenlabrada.

La última noticia que se conoce, gracias a Europa Press, es que Coca-Cola pagará 7,4 millones a los 351 afectados por el ERE tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos. “Pero no te creas lo del acuerdo, hay agencias a las que les utilizan para sus filtraciones”, apuntan los afectados. En el día 372 desde que empezó la lucha, y el primero en el que parece que van a ver un euro en su cuenta, Óscar Yuncar, trabajador de la empresa, intentó explicar en su perfil de Facebook lo ocurrido: “Las partes (sindicatos, empresa y abogado) se reunieron ayer para acordar las fechas y cantidades de cobro de los salarios a percibir hasta la resolución del Tribunal Supremo, pero el acuerdo fue Nulo”. Denuncian que jugar con sus salarios es un intento más de minarles moral y psicológicamente, además de “una medida desesperada para amortiguar la bofetada mediática que le dará la Sexta noche”, afirmaba en relación al programa que se emitió unas horas después de conocerse el «acuerdo”.

La fórmula secreta de los Zero despidos

Era viernes y el brutal temporal de la semana pasada también se notaba en Fuenlabrada. “La tormenta no hará que nuestra lucha amaine”, decía uno de los veinte trabajadores que se encontraban en el “cuartel” organizando las marchas de la semana siguiente. Bajo un letrero convertido ya en su lema se lee “Campamento de la dignidad”. Dentro de la trinchera espartana, construida con elementos reciclados de la basura, se observan detalles que durante todo este año les han acompañado. Desde un lienzo pintado a mano por una compañera hasta unas máscaras hechas a mano por otra. Hay una caja de resistencia para financiar los eventos de los trabajadores, y tras meter cincuenta céntimos en ella, se sientan a tomar un café mientras explican su posición.

“Este es el periodista”, indican a los compañeros. Miran con la comprensible desconfianza de quien sabe que sólo se habla de ellos porque la Audiencia Nacional les ha dado la razón y son noticia, con el escepticismo propio del que ha visto tantas veces su mensaje «silenciado por la prensa”. ¿Por qué un boicot a Coca-Cola si quien realizó el ERE fue el conjunto de sus embotelladoras? La pregunta, que parece obvia para quien responde, “no aparece con tanta frecuencia en los medios como las dos páginas a color que hace unos meses leíamos en toda la prensa de tirada nacional”. La publicidad informativa de la empresa repetía lo que consideran “la formula secreta de los ‘Zero’ despidos” del entonces presidente de The Coca-Cola Company, Marcos de Quinto: “Este no es mi ERE. Esta no es mi empresa”.

“Estamos ante una marca que vive del marketing. Y poco o nada de lo que dice es sinónimo de verdad”, explica Juan Carlos Asenjo antes de entrar en el meollo. Este ERE se produce como consecuencia de una exigencia de reorganización estructural que llega desde Atlanta, que programa que las 7 embotelladoras y juntas de accionistas que hay en España tienen que integrarse en torno a una sola junta de accionistas. Así nace Coca Cola Iberian Partners (CCIP) de manera independiente de The Coca Cola Company en 2012, “pero no están desvinculados del ERE”, reitera Asenjo. Explica que una vez consumada la reorganización accionarial se procedió a realizar la laboral. “Entre el 2018 y 2020, CIIP tiene que ser una embotelladora saneada, con las fábricas cerradas y con menos trabajadores”. Así lo decidieron Muhtar Kent -Director Ejecutivo de The Coca-Cola Company- y los mandamases de la multinacional de bebidas refrescantes, que programaban embotelladores únicos por continente y que la firma americana tuviera un 20% del accionariado en el momento de la salida a bolsa que se preveía para estas en el futuro.

Tras una explicación completa de cómo Sol Daurella, presidenta de Cobega (conjunto de plantas catalanas), se hizo con el poder mayoritario de CCIP, desvela lo que, denuncia, “no aparece en los informativos”. “Mas planteó cargar a las empresas de bebida refrescante con el 7% del IVA y Daurella pactó con CIU que si llevaba empleo real a Catalunya no le pondría el canon”, explica Asenjo. La dura pugna accionarial supuso una merma económica que desembocó en la decisión de despedir a los 1.007 trabajadores de Casbega y cerrar la planta de Fuenlabrada, que hasta el año pasado era la segunda fábrica que mas producía de todo Europa. “Madrid producía la mejor Coca-Cola. ¿Sabe la ciudadanía que el producto que consume ahora está hecho con el agua residual de Portugal?”, apunta Asenjo.

De fondo: una lucha contra la reforma laboral

“En Casbega siempre se ha luchado sindicalmente por convenios colectivos y ahora estamos ante unos empresarios acostumbrados a nos respetar los derechos laborales ni a los propios trabajadores”. Esta no es una lucha personal, afirman desde el campamento, sino un intento de establecer un precedente que evidencie el arma jurídica que el Gobierno ha puesto en manos de las empresas con la reforma laboral.

Un “guardaespaldas juridico y físico”, así es como definen a la autoridad que ha puesto a sus hombres a disposición de una multinacional. Los trabajadores se refieren al intento de la empresa por desmantelar la fábrica de Fuenlabrada. “Fue el Ministerio de Interior quien mandó a los agentes de la Policía Nacional para ayudar a Coca-Cola a incumplir una sentencia judicial”, afirman. El comité de empresa de la planta denunció en su momento ante la Inspección de Trabajo que la empresa quería desmantelar el inmueble para no readmitirles. “La fábrica está bien y los trabajadores no vinieron a hacer una auditoria (como alegaba la patronal) sino a desmontarla porque el dispositivo estaba planeado para seis días».

Los trabajadores tienen un pequeño puesto en cada uno de los tres puntos de entrada a la factoría y se turnan las 24 horas para vigilarlos para alertar de las posibles irregularidades. Hace una semana, una brigada de limpieza se llevó su campamento y la policía acordonó la zona para que, según denuncian, no pudieran ver cómo desmantelaban su fábrica. Lo llaman “el día de marras” porque la policía cargó (sin autorización) contra ellos, a pesar de que, como aseveran, nunca han protagonizado ningún incidente violento. “Nosotros protestábamos porque quien estaba haciendo algo ilegal era la empresa”, subrayan. Tras un silencio incómodo, propio del que explica y parece no entender, en el corazón de la Marea Roja se escucha: “Sólo queremos nuestro puesto de trabajo en el lugar al que hemos dedicado toda nuestra vida laboral”.