Islandia da la espalda al mito de su revolución

Reportaje publicado en el número de diciembre de La Marea, donde se incluyen las opiniones de tres islandeses sobre el alcance de su ‘revolución’ seis años después de las protestas. Puedes adquirirlo en quioscos y en nuestra tienda virtual

REIKIAVIK // Algunos turistas siguen preguntando por la revolución islandesa cuando visitan la isla. Quieren saber qué pasó con la constitución redactada por el pueblo, dónde están los gobernantes que dejaron que el país cayera en bancarrota en 2008. La respuesta que reciben suele decepcionarles. No queda rastro, al menos aparente. De hecho, la mayoría sostiene que nunca existió.

Laugavegur, la calle principal de Reikiavik, la capital islandesa, vuelve a estar llena de comercios de lujo y souvenirs. Las grúas se multiplican por la ciudad y cada vez más voces alertan sobre el peligro de que se produzca una nueva burbuja, en esta ocasión inmobiliaria. La principal razón es que los islandeses, que siguen teniendo restricciones para invertir en el extranjero, lo hacen en la construcción. Sin embargo, ello no repercute en la población, sobre todo en la más joven, que tiene dificultades para pagarse una vivienda. Hoy los propietarios prefieren alquilar los pisos a los turistas, que se multiplican un año tras otro desde que las espectaculares imágenes de la erupción del volcán Eyjafjallajökull dieron la vuelta al mundo en 2010.

«El boom que está experimentando el turismo puede llegar a suponer un problema. Ciertamente, ha sido uno de los factores que han ayudado a Islandia a afrontar la crisis tras el colapso económico del 2008, pero existe la posibilidad de matar a la gallina de los huevos de oro por puro exceso. La naturaleza islandesa es muy frágil en muchos aspectos, y no aguanta una afluencia masiva», admite el periodista y escritor Kristinn R. Ólafsson, quien también ejerce como guía turístico ocasional.

La presunta revolución islandesa, también conocida como «de las cacerolas», nunca cuestionó las raíces del sistema capitalista. Los primeros manifestantes que comenzaron a protestar ante el Parlamento a finales de 2008 pedían la dimisión del Gobierno y nuevas elecciones. Finalmente, la presión continuada de miles de ciudadanos en la calle, en un país de 320.000 habitantes, logró que cayera el Ejecutivo, liderado por el conservador Partido de la Independencia. En abril de 2009, lo sustituyó una coalición de izquierdas, que en principio apoyó la demanda de la ciudadanía de redactar una nueva constitución que sustituyera a la de 1944, año en que Islandia se independizó de Dinamarca.

Las zancadillas fueron constantes desde el principio del proceso constituyente, en opinión del periodista Èric Lluent, autor de Islàndia, 2013. Crònica d’una decepció. Todo comenzó con una primera Asamblea Nacional, el 14 de noviembre de 2009, a la que asistieron 1.500 personas sin el respaldo de ninguna institución. Un año después, hubo elecciones para escoger a los 25 representantes de la ciudadanía entre 552 candidatos, pero el Tribunal Supremo las invalidó al dar la razón a tres demandas que denunciaron, entre otras irregularidades, que las papeletas estaban numeradas. Para salvar este obstáculo, el Gobierno creó un Consejo Constitucional formado por los 25 ciudadanos que  habían obtenido más votos. Éstos tuvieron que redactar el texto en un tiempo récord, cuatro meses, durante los cuales apenas recibieron ayuda y sí muchas presiones desde las élites. Algo que puede resultar asfixiante en una comunidad reducida, en la que el poder económico se concentra en manos de unas pocas familias. Finalmente, el 29 de julio de 2011, la constitución llegó al Parlamento para que debatiera el borrador. En octubre de 2012, se convocó un referéndum en el que los islandeses debían pronunciarse exclusivamente «sobre los seis puntos que más debate habían suscitado», explica Lluent. La participación fue del 48,9%.

Una legislatura perdida

Tras el referéndum, las semanas fueron pasando sin que se aprobara el texto. El último día de legislatura, «una diputada que había formado parte del Movimiento de los Ciudadanos y miembro del Comité Constitucional, Margret Tryggvadóttir, incluyó la propuesta constitucional como una enmienda a otra ley que se debía votar esa noche», recuerda Lluent. Fue un desesperado intento de cumplir con la promesa que se le había hecho a los islandeses. Pero la presidenta del Parlamento, miembro de la Alianza Socialdemócrata, obvió la enmienda. Poco después, se celebraron unas elecciones en las que los votantes castigaron al Gobierno y devolvieron el poder a los conservadores que habían sido señalados como causantes del colapso económico.

Puestos a tumbar mitos, el texto tampoco era novedoso, puntualiza el investigador de Derecho Constitucional en la Universitat de València Diego González Cadenas: «Suena muy bien que la constitución sea redactada por ciudadanos, sin partidos políticos. Sin embargo, eso no es garantía de que se vayan a hacer mejor las cosas. En el caso islandés, el texto final fue un reflejo de la hegemonía cultural del momento. En este caso, neoliberal». De ese modo, se entiende que no incluyera la posibilidad de crear una asamblea constituyente a partir de un número de firmas, como sí ocurre en Suiza o Ecuador. «Tampoco concreta mecanismos para controlar que se cumplan los derechos sociales. Asimismo, habla de nacionalizar los recursos naturales del país, pero excluye a los que ya están privatizados», añade. A pesar de todo, González Cadenas sí le reconoce un mérito a la revolución islandesa: «Ayuda a pensar que las cosas pueden ser diferentes».

La idea de cambiar el país ha quedado en el cajón. «Si en Islandia hay dinero, pocos saldrán a la calle para reclamar nada», sentencia Lluent. Una opinión similar a la de Mario Ruiz, de 42 años, que emigró a Islandia en 2005. Este programador cree que la sociedad islandesa es «demasiado consumista». Nada que ver con sus antepasados, que hasta mediados del siglo pasado sufrían escasez y condiciones extremas de vida.

De todos modos, la situación económica sigue dejando mucho que desear, a pesar de que el paro descendió hasta el 4,8% el pasado septiembre. «Los menores de 45 años sólo tienen deudas mientras que los mayores han acumulado todos los activos del país (ahorros, pensiones, inmuebles, etc). Cuando los jóvenes lleguen al poder, se podrá dar un cambio de modelo económico, monetario y financiero que distribuya la riqueza nacional de forma más equitativa. Corresponde a esta nueva generación crear un modelo alternativo», argumenta Elvira Méndez, autora de La revolución de los vikingos. De momento, a algunos les sirve de consuelo haber logrado que tres banqueros estén en la cárcel por su participación en la burbuja financiera.