Un ataque al Estado de Derecho: la privatización del Registro Civil

Con tantos problemas sociales existentes, con la enorme pérdida de Derechos que estamos sufriendo, con el ruido ensordecedor que la política produce… está pasando casi desapercibido para la ciudadanía un hecho de vital importancia para nuestra seguridad y para la protección pública de nuestra filiación e identidad, enmarcándose (política y mediáticamente) con cierta simpleza, en el terreno de las competencias corporativas, en la cuestión laboral e, incluso, en lo mercantil y en sus posibles costos para la ciudadanía.

Los Registro Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.

Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales, y casi siempre en el ámbito de la organización de justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo. Así la iglesia deja de “ejercer un poder “que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a través de los ritos de paso sacramentales.

El Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.

Muy recientemente (en 2011) el gobierno del PSOE trató de “modernizar” y de “desregular” la dependencia del Registro Civil del ámbito de los jueces. Y ahí esté el inicio del “problema”, pues ahora el Partido Popular “remata la faena”, como en tantas otras cosas, esencialmente en el ámbito de la Enseñanza, de la Sanidad y de las Pensiones: El PSOE, abre puertas (con mejor o peor intención) y el PP “entra a saco”. Este es uno de ellos el de los registros civiles, que el PP (ahora) pone en manos de la iniciativa privada, sin que desde la oposición, casi se pongan objeciones.

La Ley de 2011 abandona la preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo. Así, la Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal. Hasta ahí: Perfecto.

Ante este hecho que genera la nueva Ley, no desarrollada del PSOE, el PP se pone “manos a la obra”, primero encarga un inventario general (nada más y nada menos) que al Corte Inglés, que se aprovecha de la red electrónica (INFOREG) de los registros y de los propios funcionarios del Justicia. Es decir: pone en manos de una empresa privada comercial datos sensibles de la ciudadanía, obviando los más elementales principios de la Protección de Datos. Y ahora pone los registros civiles en manos de los registradores mercantiles (y de la propiedad). ¡Lamentable!

Que había que modernizar el Registro Civil en España, dar una nueva funcionalidad en base a los principios de igualdad, era evidente. Pero nunca sacar del control público los datos sensibles de la ciudadanía, de una en una. Por seguridad e igualdad de todos ante la Ley.

Hay que tener en cuenta los enormes riesgos que se corren cuando los los datos personales más relevantes de la ciudadanía, desde las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración pública. Ya sea central, territorial o local. Con esta reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros en la seguridad y privacidad de las personas que ello puede conllevar.

Aunque NO se le esté otorgando la importancia mediática, social y política que correspondería: Otorgar a la iniciativa privada, los registros civiles (aunque los registradores conformen una denominada “corporación de derecho público”, tipo colegios profesionales) me parece un ataque más y grave al Estado de Derecho o lo que es lo mismo: A la laicidad institucional.