Un profesor de Economía contra los gestores de Caixa Penedès

BARCELONA // Dos años de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y uno para el resto de la cúpula de la entidad, por adjudicarse fondos de pensiones millonarios por un valor cercano a los 30 millones de euros. Es la primera condena a banqueros en España por saquear una caja de ahorros, dictada por la Audiencia Nacional a finales de mayo. Hasta este fallo del tribunal, sin embargo, varias personas de la comarca del Penedès batallaron durante años para que se investigase la gestión y los abultados sueldos de los directivos de una entidad que acabó quebrando e integrándose en el Banco Mare Nostrum. Y pocos lo hicieron con tanto ahínco como Jordi Guilera, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona radicado en Vilafranca del Penedès, sede histórica de la entidad.

Fue otra actuación, como mínimo polémica aunque alejada del mundo de las finanzas, la que llevó a este profesor a comenzar a investigar la gestión de la caja. El 27 de mayo de 2011, los Mossos d’Esquadra desalojaban con violencia la acampada del 15-M en la Plaça de Catalunya de Barcelona, dejando más de un centenar de heridos. “Llegué a un punto de indignación personal que pensé, ‘ya no tenemos ni derecho al pataleo”, explica Guilera en conversación con La Marea, “era un viernes y me dio por ir a mirar los números de Caixa Penedès”. “En muy pocas horas ya vi que allí habían cosas que clamaban al cielo”, afirma.

De la indignación por el desalojo nació una investigación que puso sobre la mesa lo que ya era evidente pero que nadie se había dignado a revisar o, al menos, divulgar. “Encontré el tema de los sueldos, los fondos de pensiones, los préstamos a tipos bonificados a miembros del consejo de administración, y toda esta serie de irregularidades. Todo era información pública que estaba a disposición de todo el mundo y que nadie se había preocupado nunca en analizar”. A pesar de contar con suficientes indicios de peso que confirmaban las asignaciones salariales desorbitadas, no le fue nada fácil ser escuchado en una comarca donde Caixa Penedès tenía mucho poder y cuyos tentáculos se enraizaban en el tejido económico y en las instituciones, imponiendo un férreo muro de silencio.

Gracias a su colaboración con el grupo municipal de Inciativa per Catalunya, y con el apoyo de la CUP, logró que se presentara una moción en el ayuntamiento de Vilafranca para instar al Ayuntamiento, que tenía un representante en la asamblea de la caja, a tomar cartas en el asunto, exigir la marcha de los directivos y la devolución del dinero cobrado. “Nos cerraron la puerta en las narices varias veces”, señala Guilera. Las palabras del regidor del PP durante el debate de la moción dejaban bien claro que la tarea no iba a ser fácil: “¿Qué pretenden con esta moción? ¿Ponernos a la directiva de Caixa Penedès en contra y que nunca más subvencionen nada al Ayuntamiento?”. Y lo confirmaba la intervención del regidor de CiU y representante del consistorio en la caja, Aureli Ruiz, que comentó que los directivos mencionados en la moción no sólo eran amigos suyos sino, además, buenas personas.

Territorio de la caja

“Tiene que ver con la dinámica de Caixa Penedès en la comarca, como una institución bastante intocable, no criticable, con mucho poder. La gente en general tenía mucho miedo de decir cualquier cosa desfavorable a la entidad. Y sobre este asunto, callaba”, relata Guilera. Afirma que no recibió presiones por parte del entorno de la caja, aunque sí que le llegó que se planteaban denunciarle, algo que nunca ocurrió. “Ha habido bastante gente que ha tenido problemas graves con ellos y ha sufrido estas presiones, pero en mi caso no”, señala. El único apoyo les llegaba, en forma de palmadas en la espalda, de las calles del municipio. “La gente nos decía ‘muy bien, qué valientes sois’, pero una cosa es lo que podías vivir a pie de calle y la otra lo que salía en los medios informativos locales, que miraban hacia otro lado, daban informaciones parciales, interesadas, y sesgadas a favor de las personas que trabajaban en la entidad”.

“Hasta que un buen día, podríamos decir, a los directivos se les descontroló el asunto”, señala el profesor, “La Vanguardia publicó exactamente lo mismo que veníamos diciendo nosotros, y se abrió la veda”. El cerco sobre la cúpula directiva de la entidad comenzó a estrecharse, hasta el punto de que se abrieron las primeras investigaciones judiciales y posteriormente los directivos tuvieron que comparecer en el Parlament de Catalunya ante la comisión de investigación de las cajas de ahorro. Sin embargo, Guilera dice no estar satisfecho con cómo se desarrollaron los hechos: “La crítica iba muy dirigida hacia los directivos que han acabado juzgados, pero desvinculándola de cualquier responsabilidad de los miembros del consejo de administración de la entidad”.

“Existe la creencia generalizada de que esta gente metió la mano en la caja y robó este dinero, pero no es cierto. Todo este dinero que se cobró en forma de sueldos y fondos de pensiones era responsabilidad de los miembros del consejo de administración”, sentencia Guilera. Para él, los directivos deberían haber sido juzgados por la gestión “negligente” de Caixa Penedès, que la llevó a la quiebra, provocando un enorme agujero en las arcas de la caja con el consiguiente perjuicio para la comarca y la pérdida de puestos de trabajo, y no tanto por el dinero cobrado, del que culpa al consejo.

Pero la composición del consejo de administración hace fácil de entender por qué se trató de mantener alejado a éste de las sospechas. A modo de ejemplo: una de las personas que integraban la comisión de retribuciones, encargada de pactar con la dirección los sueldos que les asignaban, era Enric Regull Llorach, padre del actual alcalde de Vilafranca (Pere Regull -CiU-). “Es esto, un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, las relaciones son muy estrechas, y por tanto era difícil que el ayuntamiento pusiese algo de su parte”, comenta Guilera.

Incompetencia y partes interesadas

El profesor divide la composición del consejo en dos tipos de personas, que perfectamente podrían responder al perfil de los consejos de las cajas españolas en quiebra: “Me gusta recordar la frase de Bertolt Brecht, que decía ‘el que no sabe es un imbécil, y el que sabe y calla es un criminal’. Aquí había una mezcla de criminales y de imbéciles”. “Entre los que sabían muy bien qué hacían estaban personas que tenían acceso a créditos con tipos de interés muy por debajo del mercado, y que por lo tanto callaban y consentían”, mantiene.

Para el profesor, estas dinámicas explican también la resolución final del caso en los juzgados. No sólo los miembros del consejo de administración quedaron exculpados de cualquier responsabilidad, sino que los principales encausados sólo fueron juzgados por los fondos de pensiones cobrados (y no por su gestión ni por los sueldos cobrados, que sumaban una cantidad similar). La guinda del pastel fue el acuerdo entre la acusación particular y los procesados, que les evitó ir a prisión.

Guilera lo explica por la deriva que siguió la caja una vez hundida y en proceso de integración en el Banco Mare Nostrum, durante el cual se creó una fundación, Pinnae, para gestionar la entidad: “Ha sido otra gran decepción. Queríamos pasar página con las anteriores prácticas y que la composición del patronato fuera plural, transparente, bajo criterios de profesionalidad… Pero las personas que han acabado formando parte de la fundación estaban muy estrechamente vinculadas a las que dirigieron la caja durante años”. “Seguramente, si el patronato de esta nueva fundación hubiese estado desvinculado de los anteriores gestores habrían ido al fondo y habrían apretado más para que estos directivos pagasen un precio más elevado”, concluye.