Las leyes del PP ahogan a Greenpeace

Este artículo forma parte del número de mayo de La Marea, disponible en quioscos y aquí

«Con el nuevo Código Penal, las tasas judiciales y la ley mordaza nos han hecho un triángulo mortífero. Si vamos a durar tres años, pues serán tres años, pero siendo coherentes con nuestros principios». Ésta es la voz de alarma del director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez Vargas. Sus palabras resumen la tormenta perfecta que atraviesa la organización ecologista cuya sección española cumple este año tres décadas en activo. Incómodos para el poder y las grandes petroleras, eléctricas y constructoras, acusan al Ejecutivo de Mariano Rajoy de emprender una ofensiva legislativa para inutilizar a ésta y otras ONG y blindar los intereses de las grandes corporaciones. Activistas de Greenpeace fueron de los primeros en organizar, hace ya 30 años, los hoy famosos escraches. Pioneros en la acción directa y la protesta –siempre pacíficas– tienen a 77 miembros imputados y en libertad condicional, y a otros 35 denunciados. Ninguno de ellos puede reincidir en nuevas acciones: irían a la cárcel. Además, diversas empresas y administraciones reclaman a la organización multas y sanciones por más de 650.000 euros. ¿Será justamente España el primer país industrializado que vea cómo desaparece Greenpeace?

José Manuel Marraco, abogado de esta ONG desde hace 22 años, no recuerda una amenaza a tantos niveles: “Las nuevas leyes buscan acabar con cualquier organización de índole ciudadana y cualquier protesta pacífica” y para ello están estableciendo un sistema “de control absoluto” sobre la administración de Justicia, señala. Es el triangulo mortífero al que se refiere Mario Rodríguez. En primer lugar el llamado Código Penal de Gallardón, por el que se suprime la figura de la acción popular, lo que supone que Greenpeace, al no ser parte afectada, no podría personarse por ejemplo en causas como la de la construcción del complejo hotelero del Algarrobico, en Almería. La segunda medida de la estrategia gubernamental es la de las tasas judiciales: “Cada vez que interponemos un recurso judicial tenemos que pagar 1.200 euros. Nos tratan de estrangular económicamente prohibiéndonos el acceso a la justicia gratuita”. La tercera medida es la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza: “Esta norma saca faltas del Código Penal y las convierte en faltas administrativas, acaba con la presunción de inocencia, dando presunción de veracidad a la palabra de un agente y obliga a que, antes de recurrir a la vía judicial, tengamos que pagar multas”, indica Rodríguez.

En la organización han detectado puntos de la ley mordaza que parecen redactados explícitamente para atacarles, los llaman artículos antigreenpeace. Son aquéllos que castigan con 30.000 euros el sobrevolar o encaramarse a edificios singulares con alto valor simbólico o cultural (por ejemplo la Sagrada Familia, donde Greenpeace realizó una acción) y hasta con 600.000 euros a quien realice esas mismas acciones pacíficas en instalaciones críticas, entre otras, centrales nucleares, presas y puertos. “No son capaces de separar lo que es una protesta pacífica de un acto violento, que está tipificado en el Código Penal. Tenemos una clase política que se está blindando a sí misma y a su casta, están acomplejados y asustados por la respuesta ciudadana. En Europa está habiendo una involución hacia el autoritarismo. La democracia no es sólo votar cada cuatro años y acudir a una manifestación autorizada. Nosotros defendemos la democracia representativa, pero también la participativa”, añade Mario Rodríguez. Tanto el director de Greenpeace como el abogado José Manuel Marraco coinciden en que al Gobierno le interesa diluir la frontera entre acciones pacíficas y violentas, para así poder gestionar autoritariamente cualquier tipo de protesta.

Virginia Rabal, de 34 años, es una de las activistas que vive en libertad condicional tras ser detenida en 2011 por participar, junto a otros 16 miembros de la organización, en la toma de la central nuclear de Cofrentes, una acción que mostró la absoluta falta de seguridad de las instalaciones. La acusación pide dos años y ocho meses de cárcel para cada imputado y una sanción de 357.000 euros a Greenpeace. El juicio previsiblemente se celebrará en diciembre. Virgina lleva más de dos años teniendo que ir a firmar al juzgado cada 15 días y solicitando permiso si quiere salir del país: “Además cuando veo a la policía pidiendo el DNI o haciendo controles me da cosilla, porque cuando vean que estoy en libertad condicional me pueden detener por una falta que no sea grave”, afirma. Con este panorama, según Rabal, hay poco relevo para nuevas acciones: “El Gobierno está criminalizando la protesta pacífica y claro, a la gente le da miedo participar al ver las consecuencias que puede tener”, admite.

[Acción de Greenpeace contra la ‘ley mordaza’ frente al Congreso de los Diputados]

Pero Mario Rodríguez, más optimista, asegura que Greenpeace no va a dejar de actuar, aunque también reconoce que hay amenazas medioambientales graves a las que no están pudiendo atender. Por ejemplo, el caso de la bahía de Portmán, en Murcia, contaminada con toneladas de residuos de hierro desde mediados del siglo XX. En vez de regenerarla, el Gobierno –según Greenpeace– quiere ahora explotar económicamente esos residuos. “Y no podemos abordarlo, porque tenemos los medios que tenemos”, señala.

El sentimiento de perplejidad y rabia se mezcla en Greenpeace porque, en pleno 2014, están teniendo que dedicar medios y esfuerzos a luchar por libertades fundamentales que supuestamente estaban consolidadas desde hace décadas; medios y esfuerzos que necesitarían para seguir velando por el medioambiente, “que es lo nuestro”, apostilla Mario Rodríguez. Greenpeace no recibe ayudas ni subvenciones al margen de las aportaciones de sus cerca de 100.000 socios. Ellos son su salvavidas, pero no saben cuánto resistirá. “En 2012 vivimos una situación muy complicada. Perdimos unos 6.000 socios. Llamaba la gente, algunos llorando, contando que estaban en paro y que no podían pagar la cuota. A muchos se les dejó pagar un euro al mes. Perdimos un 10% de presupuesto y tuvimos que hacer un ERE tremendo. Fue muy duro”, cuenta.

Si ahora mismo Greenpeace tuviera que pagar los 650.000 euros que le reclaman (si perdiera todos los procesos judiciales abiertos), podría hacer frente a la situación, asegura Rodríguez, porque hay reservas: “Además se les puede pedir puntualmente a los socios un esfuerzo mayor, una especie de crowdfunding interno”. Pero no se puede estar pidiendo un sobreesfuerzo constante. El problema viene si esta situación de acoso judicial y económico se prolonga en el tiempo. La necesidad de nuevos socios y nuevos activistas es constante. De momento han recuperado 3.000 de los 6.000 que llegaron a perder. Es la única manera de proseguir, de forma independiente, con su tarea de control al poder y defensa del medioambiente. El tejido social es lo único que puede salvar a Greenpeace España de la estrategia que, aseguran, ha urdido el Gobierno.

La entrada en ‘Shell’, una decisión polémica

Una de las decisiones que pasó peaje a la imagen de Greenpeace, y que quizá supuso el alejamiento de potenciales socios, fue la entrada de la organización, en marzo de 2000, en el accionariado de la petrolera Shell: “Son mitos que aunque se explican quedan en el imaginario. Nosotros compramos acciones de Shell y de BP para poder entrar en sus juntas de accionistas y protestar. Mucha gente se quedó con que ‘nos pagaban las petroleras’, cuando en realidad siempre hemos tenido un enfrentamiento total y radical contra el sector petrolero. Ya se vio lo que pasó con Gazprom el año pasado. Es ridículo pensar que nos están pagando nada. El objetivo era estar dentro. Llevamos un altavoz y lo que se dijo a la Shell era que no iniciase la explotación del Ártico. Al poco tiempo vendimos esas acciones. Creo que esa medida salió bien porque hay muchos pequeños accionistas sensibles a los temas ambientales, y cuando tú vas y explicas una cosa luego empiezan a preguntar y a exigir. El sistema capitalista es depredador con el medioambiente y hay que conocer las reglas de ese sistema para poder combatirlo”.

En la organización saben que además, en tiempos de crisis, cuando hay otras prioridades, es difícil convencer a la gente de que se haga socia, pero Mario Rodríguez es categórico: “A los escépticos sobre si implicarse con el medioambiente les diría que lo que ahora no toca es repetir una nueva burbuja inmobiliaria. El origen de esta crisis es medioambiental: la especulación urbanística. Y tenemos que tener claro que no hay justicia social si no hay justicia ambiental. El medioambiente es la solución a la crisis: renovables, agricultura ecológica, turismo y transporte sostenible… La economía verde es lo único que va hacer que un país como España remonte”