En busca de estrategias para frenar la venta de vivienda pública a fondos buitre

Decenas de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de distintas partes del Estado, así como asambleas de barrio, y organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, se reúnen este sábado en Madrid en el primer encuentro estatal de plataformas de vivienda pública y social. El objetivo, acordar estrategias y acciones a emprender para tratar de revertir una dinámica que está afectando gravemente a la disponibilidad de viviendas sociales y mermando la función que estaban destinadas a cumplir cuando fueron proyectadas: la venta de parque público de viviendas a fondos de inversión.

Tras el último encuentro estatal de la PAH en Barcelona, los activistas detectaron la necesidad de coordinarse a nivel estatal para afrontar el problema específico de la falta de vivienda social para acoger a un número cada vez mayor de familias que se quedan sin hogar tras sufrir procesos de desahucios. “Antes, la vivienda social era para determinados sectores de población; eso se ha acabado. Desgraciadamente, cada vez son más las personas que reúnen las condiciones, porque salen de estafas hipotecarias, porque pierden el empleo, etc.”, señala Feli Serrano, integrante de la PAH Madrid y de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) de la capital española.

La PAVPS surgió, de hecho, por el agravamiento de la problemática relacionada con las viviendas públicas. “Se nos desbordó tanto el tema de la vivienda social, y la problemática y sus características eran tan distintas de las de los compañeros de los bancos, que nos vimos en la necesidad, por operatividad, de crear una comisión fuera de la PAH dedicada a la vivienda social”, explica Serrano.

Y es que varias administraciones de alrededor del Estado han optado por vender viviendas públicas a fondos de inversión, según se ha justificado, como vía de obtener liquidez. Es el caso por ejemplo de las 3.000 viviendas del Plan Joven que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Comunidad, vendió en agosto del año pasado a Azora Gestión SGIIC., de Goldman Sachs, y que poco después escrituraba Encasa Cibeles, perteneciente al mismo grupo. En el mismo mes, Colón Viviendas, gestionado por el grupo Azora, adquirió cuatro fincas en régimen de protección oficial del Consejo Comarcal del Barcelonés en la capital catalana. El Govern de la Generalitat anunció su intención de hacer lo propio con fincas gestionadas por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Estas mismas dinámicas se han producido también en regiones como Navarra o Euskadi.

Un negocio redondo

“Lo primero que hacen estos fondos buitres cuando se quedan con ellas es poner un precio libre de mercado, al cual la gente indudablemente no puede hacer frente. Eso tiene un objetivo, que esas personas con dificultades económicas se terminen yendo, porque las terminan desahuciando; y nadie que esté fuera y necesite una vivienda va a poder acceder a ella”, denuncia Serrano. “Desde las instituciones se debería ver el problema como un tema social y no como un tema de negocio, que es como lo están abordando”, añade. Mientras Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas al Ivima a una media de 63.000 euros cada una, el precio que reclama la sociedad a sus actuales moradores, que tienen un alquiler con opción a compra, oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.

Serrano apunta también a los grupos de la oposición. “Nos estamos dando cuenta de que por parte de los grupos de la oposición hay un silencio cómplice. Han tenido en sus manos los pliegos de condiciones de todos los sitios donde la vivienda pública ha pasado a fondos buitres, y nadie lo ha denunciado. Estamos convencidos de que si hubieran denunciado que Patrimonio Público se estaba vendiendo a dos reales, algo se hubiera podido hacer”.

Iniciativas como la de la Obra Social de la PAH han tratado de suplir las carencias del parque público de alquiler, impulsando la ocupación de viviendas vacías en manos de entidades financieras o de la SAREB, y forzando una negociación para obtener alquileres sociales. Centenares de personas se encuentran alojadas en edificios recuperados por la campaña. A pesar de que algunos de ellos, como el de Salt en Girona, han sido ya desalojados, la presión ejercida por la Plataforma logró alquileres sociales para las familias que ocupaban el bloque. Incluso algunas resoluciones judiciales han reconocido el derecho a permanecer en la vivienda ocupada mientras la Administración no pueda resolver su problema habitacional. “En el caso de una compañera en el barrio de Vallecas que tenía un proceso de desahucio por ocupación por lo penal, la resolución del juez dijo que no procedía desahuciarla cuando es el propio Estado quien no va a resolver su problema habitacional”, explica Serrano.

La vía judicial

Las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda reclaman la paralización de la venta de vivienda social a fondos de inversión, recuperar todas las viviendas que ya se han vendido, y ampliar el parque público y social de vivienda en alquiler. Para ello, estudiarán distintas acciones entre las que se encuentra la vía judicial, que ya se ha emprendido en Madrid, donde se ha presentado un recurso por la vía contenciosa-administrativa. “La Comunidad de Madrid ha cambiado las propias normas para poder vender esas viviendas. Han hecho sus propias leyes, probablemente haya un tema de corrupción detrás, ya veremos”, apunta Serrano.

También han intentado llevar la problemática a las instituciones europeas. “Hay grupos en el Parlamento europeo que están apostando por crear una normativa que regule que no se puedan hacer cosas como ésta y que se amplíe el parque de vivienda pública y social”, explica Serrano. Ante la proximidad de las elecciones europeas, una de las opciones que se discutirán en el encuentro es la de aumentar los escraches. “No hemos dejado de hacer escraches, por ejemplo a la dirección del IVIMA, pero indudablemente de cara a las europeas se van a recuperar mucho más a fondo, porque entendemos que tienen que haber una normativa europea referida a la vivienda social”.

La activista subraya la relativamente escasa movilización que ha habido respecto a la cuestión de la vivienda social. “El concepto que hemos tenido aquí hasta ahora es ‘defendemos la Sanidad porque entendemos que es nuestra’, pero con el tema de la vivienda social no tanto porque era para gente que tenía unas condiciones determinadas”. “Pero es que ya de esas condiciones determinadas ya forman miles y miles de personas”, concluye.

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