La infanta descarga la responsabilidad en su marido y dice que ella “no sabía”

MADRID// Tras más de seis horas y media de un interrogatorio plagado de respuestas «evasivas», en palabras del abogado de la acusación particular Manuel Delgado, la infanta Cristina abandonó este sábado el juzgado nº 3 de Palma sin haber despejado las dudas sobre su papel en la gestión de Aizoon S.L, la empresa que compartía con su marido y a la que se desviaron 1,2 euros de los más seis millones de fondos públicos presuntamente malversados por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres.

Como se preveía, la línea de defensa de Cristina de Borbón en el interrogatorio del juez Castro ha sido descargar la responsabilidad en su marido, en el que ha dicho en varias ocasiones tener «mucha confianza». Según Delgado, abogado del Frente Cívico impulsado por el exlíder de Izquierda Unida Julio Anguita, «de 400 preguntas habrá respondido a 15», y casi siempre lo ha hecho, ha explicado el letrado con «evasivas» del tipo «No sé, no me consta», o bien «No recuerdo».

El letrado del Frente Cívico, que ejerce una de las dos acusaciones particulares personadas en la causa-la otra es la del pseudosindicato Manos Limpias-, ha asegurado que la infanta ha negado algunas acusaciones, como la de que los empleados del servicio doméstico del palacio de Pedralbes estuvieran contratados en negro. Cristina de Borbón ha tratado de desvincularse, sin embargo, de las obras de reforma del palacio, de las que ha dicho se ocupaba su marido, y que se pagaron con los fondos públicos presuntamente malversados por Urdangarin. De entre los gastos abonados con estos fondos, la infanta aseguró, por ejemplo, no recordar el curso de salsa que pagó con dinero desviado a Aizoon.

Aunque el juez Castro ha declinado hacer declaraciones ni valoración alguna a su salida del juzgado, tanto la defensa de la hija del rey como los abogados de la acusación particular sí han ofrecido sus puntos de vista sobre el interrogatorio. Mientras los abogados de Cristina de Borbón, Miquel Roca y Jesús Silva, han negado que la infanta haya respondido con evasivas, y valorado positivamente la declaración, el representante de una de las dos acusaciones particulares, la ejercida por Manos Limpias, ha destacado que, tras comparecer ante el juez, la situación de la infanta es «peor». También ha subrayado que su declaración no es tan importante dado el «calibre» de las pruebas documentales que la acusan.

Sin embargo, esta acusación particular ha dado a entender que todo esto no desembocará necesariamente en una acusación formal contra Cristina de Borbón, pues este proceso «se enfrenta a numerosos obstáculos». Efectivamente, sin el apoyo de la Fiscalía, que sostiene que la hija del rey no ha cometido ningún delito, al juez Castro le resultará muy difícil sentar a la infanta en el banquillo, en caso de que lo considere necesario.

La de este sábado ha sido la primera vez en la historia de España que un miembro de la familia real ha comparecido ante un juez para responder por los indicios que apuntan a la presunta comisión de dos graves delitos por los que la segunda hija del rey está imputada desde el 7 de enero: fraude fiscal y blanqueo de capitales. La infanta pudo haber cometido estos delitos como copropietaria junto con su marido de Aizoon S.L., la empresa fantasma que formaba parte del entramado de sociedades de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.

Las posibilidades de que la infanta salga indemne, al menos por la vía penal, de los indicios de delito por los que ha respondido este sábado en el juzgado de instrucción nº 3 de Palma son altas. Sólo la acusación particular sostiene que cometió ambos delitos. Sin embargo, el criterio de la Fiscalía, cuyo titular es Pedro Horrach, es que la infanta no participó como administradora de hecho de la sociedad. Y eso pese a que en esa empresa figuraban sólo Urdangarin y ella como copropietarios, al 50%, y que la infanta y su marido utilizaron presuntamente parte del dinero desviado para sufragar gastos tan personales como las fiestas de cumpleaños de sus hijos, obras de su reforma en su casa e incluso los sueldos de personal del servicio doméstico que además estaban contratado en negro.

Con este criterio de la Fiscalía, todo apunta a que Cristina de Borbón no se sentará finalmente en el banquillo cuando se juzgue el caso Nóos, nombre de la entidad sin ánimo de lucro que sirvió a Urdangarin para malversar dinero público. Sí quedará para siempre en los anales el interrogatorio del sábado por parte de un juez que ha considerado que existían indicios de que, al contrario de lo que aduce la defensa de la infanta, y ella misma ha reiterado este sábado, Cristina de Borbón no podía desconocer las actividades ilegales de su marido, con las que además se lucró personalmente.

Entre las preguntas que ha respondido este sábado la infanta ha estado la de por qué figuraba como administradora de Aizoon cuando su marido podía haber constituido dicha sociedad sin ella. Esta pregunta es especialmente importante porque el notario que avaló la constitución de la empresa declaró ante el juez que Miguel Tejeiro, administrador del Instituto Nóos, le dijo sin ambages que la infanta era  «un escudo ante Hacienda» , un extremo que la infanta ha negado pero sin ofrecer muchas más explicaciones al respecto.

El juez Castro ha interrogado también a la infanta sobre las razones por las que se cargaron a Aizoon gastos personales de la familia haciéndolos pasar por gastos de empresa, algo que, de acuerdo con el extenso auto de imputación del juez, pudo haber estado dirigido a alcanzar un doble objetivo: por un lado, aminorar la cuenta de beneficios de la empresa y así reducir las cantidades a pagar en concepto de impuesto de sociedades y, por otro, defraudar al fisco no declarando en el IRPF como ingresos el dinero que se utilizó para sufragar esos gastos personales.

Más de 600.000 euros

Incluso si por la vía penal es improbable que esta imputación salga adelante sin el apoyo de la Fiscalía, lo que sí parece casi seguro es que la infanta es responsable civilmente por el dinero expoliado por la empresa que compartía con su marido. Si Urdangarin es finalmente condenado en el caso Nóos -lo que parece probable dado el batallón de pruebas con el que cuentan la Fiscalía y el juez Castro-, Cristina de Borbón deberá asumir el pago de más de 600.000 euros al erario público, la mitad del dinero malversado ingresado por su marido en Aizoon S.L.

A la vía civil le queda aún un largo camino que depende, primero de la condena de Urdangarin en el caso Nóos, y, después, del agotamiento de la vía judicial. Para que la infanta deba devolver la parte del dinero que le correspondería restituir en virtud de su copropiedad de Aizoon, no sólo es necesaria una condena de su marido en  primera instancia, sino también que la Audiencia de Palma avale la sentencia y, si hay recurso, que el Tribunal Supremo confirme a su vez la condena.

Los privilegios de la infanta

El hecho, inédito hasta este sábado, de que un miembro de la familia real tuviera que declarar ante un juez ha despertado una gran expectación. Más de 300 periodistas de 90 países estaban acreditados para cubrir la declaración. En parte para proteger a la infanta de esta expectación, y también de la previsible indignación popular, la hija del rey tuvo el privilegio de bajar la famosa rampa de los juzgados de Palma en coche para llegar ante la puerta misma del edificio. Esta prerrogativa le fue concedida por el juez decano de esos juzgados, Francisco Martínez Espinosa.

Este privilegio no es el único del que ha disfrutado Cristina de Borbón, pues el juez decano ordenó que se habilitara una pequeña sala dentro de los juzgados para que la infanta pudiera descansar en los recesos del largo interrogatorio que finalmente ha durado seis horas y media.