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El comercio justo busca un hueco en las próximas elecciones europeas
Miembros de organizaciones sociales presentan propuestas a los políticos para que las incluyan en sus programas electorales de cara a los comicios al Parlamento Europeo del año que viene.
MADRID// Qué justicia comercial para qué Unión Europea es el título de la jornada de debate que tuvo lugar ayer, 3 de diciembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, organizada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en colaboración con Ecologistas en Acción. En ella, diferentes miembros de organizaciones sociales presentaron una serie de propuestas a los representantes políticos de los cinco partidos principales de España con la intención de que las incluyan en sus programas electorales de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
Abrió el debate Luis Rico, miembro de Ecologistas en Acción que ha participado en la campaña Mandato de Comercio Alternativo (ATM por sus siglas en inglés) con la que pretenden que la Unión Europea modifique la forma en que negocia los acuerdos comerciales así como su enfoque. “Las negociaciones para cerrar estos acuerdos son privadas y opacas –aseguró Rico- y para todos, incluidos los eurodiputados, excepto para los lobbys y las multinacionales“. Para ilustrar esta afirmación, Luis Rico aportó un dato: hubo un total de 130 reuniones con las partes interesadas previas a la primera negociación de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y la UE, de las que 113 fueron con estos grupos de presión.
Una de las afirmaciones más contundentes de la tarde la realizó el presidente de la Organización Mundial del Comercio Justo, Giorgio Dal Fiume, quien afirmó que, según sus diez años de experiencia en este campo, la Unión Europea, como institución política, tiene dos caras. Una pública, en la que se muestra accesible y con una gran capacidad de diálogo con la sociedad civil. Sin embargo, tal y como aseveró Dal Fiume, a medida que accedes a los cargos más altos, siempre te encuentras con la misma respuesta: “qué pena, porque lo que nos propone nos gusta mucho, pero no podemos perturbar al mercado».
Esta respuesta, para Dal Fiume, supone un obstáculo porque no se basa en que hay desacuerdo con las propuestas, sino el lo inalterable del dogma neoliberal. “El problema al que nos enfrentamos es que este sistema económico está claramente asumido por la UE; tiene una postura ideológica clara que sitúa en un altar al neoliberalismo y trata de solucionar cualquier problema que se le presente a partir de la máxima de la no perturbación del mercado“.
A pesar de esta realidad, las cifras hablan de un aumento de beneficios en las empresas que trabajan bajo los principios del comercio justo. Según Dal Fiume, “no son instituciones de caridad, son compañías que generan beneficios y que son constantemente premiadas por los consumidores. Es decir que es posible hacer negocios perturbando al mercado, bajo criterios éticos y sociales muy rigurosos, como vía para salir de la crisis», sentenció.
Compromiso político irregular
A la jornada de debate acudieron representantes del Partido Popular, PSOE, Equo, Izquierda Unida y UPyD, y su reacción respecto a las sugerencias y propuestas aportadas por las diferentes organizaciones sociales fue muy coherente con el tipo de política que defienden o llevan a cabo en España. Tanto Ignacio Uriarte (diputado nacional por el PP) como Ricardo Cortés Lastra (eurodiputado socialista) y Gabriel López (diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid) quisieron relativizar la omisión que desde la Unión Europea se hace del Comercio Justo.
Ignacio Uriarte, además de argumentar que su partido respeta y fomenta las políticas relacionadas con la Cooperación al Desarrollo y con el Comercio Justo que imponen desde la UE, quiso matizar las palabras de Dal Fiume. “No es verdad que tengamos miedo de perturbar a los mercados, ni desde la Unión Europea ni desde los distintos partidos políticos», afirmó.
Ricardo Cortés, por su parte, al ser miembro de la Comisión al Desarrollo del Parlamento Europeo, centró su exposición en las cuestiones más recientemente debatidas en Bruselas respecto a este campo. Las reuniones mantenidas para destinar 20.000 millones de euros en siete años para Cooperación o la formación de un cuerpo de voluntarios dentro de la UE para cooperar en Ayuda Humanitaria fueron los dos aspectos que quiso destacar. En cuanto a Comercio Justo, señaló que el comercio tiene que generar beneficios aunque también debería tener en cuenta el aspecto social y ecológico.
Gabriel López, de UPyD, negó que tuvieran que demonizarse el comercio o el mercado ya que pueden ser un motor de desarrollo de los países del sur si se tienen las herramientas necesarias de corrección. El único momento en el que se mostró algo más crítico fue al hacer mención de los acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos: “Europa no ha salvaguardado el respeto de la gestión de recursos por parte del pueblo Saharaui. Estos acuerdos deben ser denunciados y la UE debe expresar, de forma muy concreta, hasta qué punto prima lo exclusivamente comercial frente al Comercio Justo».
Posturas reivindicativas
Fue cuando les tocó el turno a Juan López de Uralde, de Equo, y Fran Pérez, de Izquierda Unida, el momento en el que, desde el sector político se hizo una mayor denuncia de los abusos de la UE y una reivindicación clara de los principios que defiende el Comercio Justo.
López de Uralde comenzó con las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, matizadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las que afirmaba que las políticas neoliberales del PP habían sido las que más progreso habían traído a la humanidad. Sin embargo, Uralde consideró que habían supuesto un enorme retroceso, “sobre todo desde la entrada de España en la Organización Mundial del Comercio, en 1996, que tiene como elemento prioritario el mercado frente a otros valores». Añadió que “es difícil que se abra camino al Comercio Justo si no se cierran los caminos a otro tipo de comercios».
Por su parte, Fran Pérez, de IU, quiso denunciar que el comercio que promueve la Unión Europea es el de las transnacionales, especialmente en los países de América Latina. “Se busca el propio beneficio en detrimento de los pueblos; las empresas vulneran los derechos laborales de los ciudadanos latinoamericanos así como los medioambientales, y a nadie le importa si con sus actuaciones consiguen beneficios», afirmó.
También quiso dejar claro que la Unión Europea no promueve acuerdos comerciales que respeten los valores del Comercio Justo, aunque sí lo hacen las ONG con los propios productores. “El modelo comercial de Europa potencia la desigualdad y la injusticia». Además, consideró que “asistimos a una Europa de dos velocidades“ en la que, por un lado, están los países pobres o perjudicados, como España, Grecia, Italia o Portugal, frente a los que se benefician con estos acuerdos, como Alemania o Francia.
“Con estas políticas –recalcó- vamos hacia Estados fallidos. Ahora España va camino de una nueva reforma laboral, impuesta desde Europa, en la que favorecerá más aún los despidos, la reducción de salarios y la deslocalización“, factores todos ellos que contradicen los principios en los que se basa el Comercio Justo.
Tras la intervención de los ponentes que componían la mesa de debate, los representantes de la sociedad civil, miembros de ATTAC España, Fiare Banca Ética o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, expusieron sus quejas y preguntas a los políticos. También ellos tuvieron la oportunidad de realizar propuestas que se pudieran incluir en los programas electorales de cara a los comicios europeos del año que viene.
Todas las conclusiones a las que se llegaron en esta jornada de debate, serán recogidas en una publicación que entregarán a los grupos políticos que concurran a estas elecciones y que estarán disponibles para todos los ciudadanos a partir de enero de 2014 en la web de la Coordinadora de Comercio Justo. Desde esta coordinadora también quisieron recordar que su función no concluye con la presentación de sus propuestas, sino que, después de las elecciones, vigilarán que los representantes electos que hubieran decidido incluirlas para velar por que cumplan sus compromisos.