Opinión
Entre lo legal y lo legítimo, el Gobierno escoge su ley
El ejecutivo del PP afirma que el concepto de ‘deuda ilegítima’ no es aplicable “en ningún contexto” a la deuda del Estado
El pasado 25 de Junio se presentó una moción en el Ayuntamiento de Badalona por parte de ICV-EUiA, a instancias del grupo de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Badalona, que declaraba ilegítima parte de la deuda municipal correspondiente al Plan de Pago a Proveedores de 2012. Dicho plan, impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consiste en la concesión de préstamos a los ayuntamientos para que pudieran hacerse cargo de los pagos retrasados a sus proveedores. Lo que la moción consideraba ilegítimo era el hecho de que dichos préstamos usaran como intermediarias a entidades bancarias. De esta manera, los intereses de los préstamos se elevan a un 5,54%, mientras que los bancos se habían estado financiando con intereses cercanos al 1%.
Más de 31 millones de euros fueron concedidos al Ayuntamiento de Badalona de este modo, pero en lugar de concederlos al ayuntamiento directamente, se hizo a través de la banca privada, generando un beneficio para ésta. El texto de la moción instó al consistorio a cuantificar estos intereses y a emprender las acciones legales para declarar nula esta deuda.
La moción fue aprobada con los votos a favor de ICV-EUiA, CiU y el PSC, y la abstención del PP, el partido que gobierna el municipio. De esta forma, Badalona ha pasado a convertirse en el primer municipio que declara parte de su deuda ilegítima. A Badalona le han seguido otros municipios como Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès o Barberà del Vallès.
A raíz de este hecho, la diputada Laia Ortiz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, presentó el 8 de Julio una serie de preguntas al Gobierno:
¿Cree el Gobierno que el concepto de deuda ilegítima es aplicable parcialmente a la deuda del Estado?
¿Cree que el crecimiento de la deuda española vinculada al aumento exponencial de los intereses de la deuda y los mecanismos de financiación del BCE puede ser considerada deuda ilegítima?
La respuesta llegó el pasado 5 de Septiembre, y es especialmente interesante por tratarse del primer documento en el que se pronuncia sobre el concepto de deuda ilegítima. Comienza citando la reciente reforma constitucional «exprés» y el artículo 135.3 aprobado con los votos a favor de PSOE y PP, que reza lo siguiente: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el gasto de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión«. La respuesta del Gobierno sobre la deuda ilegítima se ampara en ese artículo: «Toda la Deuda del Estado ha sido autorizada por ley, y por ello los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la misma no pueden ser objeto de enmienda o modificación. El concepto de deuda ilegítima, por tanto, no es aplicable a la Deuda del Estado en ningún contexto».
Es decir, si interpretamos literalmente esta respuesta, para el actual Gobierno del PP, la legitimidad queda anulada por la legalidad. Por tanto, la misma función de la ley, que debería ser una expresión de la voluntad legítima de una población, deja de tener sentido, para convertirse en una referencia de sí misma. La reforma constitucional reciente, con todas las dudas que hay sobre su legitimidad (una reforma hecha con nocturnidad y alevosía, y sin referéndum popular) está por tanto por encima de la voluntad de la ciudadanía.
Una idea que no debería tomarnos por sorpresa, en un Gobierno como el actual, que lleva más de 40 Decretos-Ley en lo que lleva de mandato, un record en la historia de la democracia. De esta forma han sido capaces de colocar toda la legislación que les ha sido necesaria, sin debates ni enmiendas ni discusión posible. El artículo 86 de la Constitución reserva los Reales Decretos-Ley para causas de «extraordinaria y urgente necesidad», por ser herramientas legislativas muy poderosas. En un Gobierno en mayoría absoluta como el del PP, no dejan de ser más que una imposición; sólo se necesita la voluntad del Gobierno para hacer valer la nueva ley.
Por tanto, si la opinión del Gobierno es que lo escrito en una ley está por encima del deseo legítimo de una población a la que se supone que representa, y si tenemos en cuenta que el Ejecutivo hace y deshace leyes a golpe de decreto y sin tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía, ¿vivimos realmente en una democracia? ¿No nos estaremos acercando peligrosamente a una dictadura? ¿Qué herramienta se deja a la población para poder expresar su voluntad más que un voto una vez cada cuatro años? ¿Y realmente tiene importancia su voto si su voluntad legítima es considerada de «peor calidad» que un texto legal?
Esta deriva del Gobierno, pese a ser peligrosa, no es nueva. En cada ocasión en la historia en la que se ha tenido que imponer medidas a la población contrarias a su voluntad, se ha hecho valer el poder ejecutivo por encima del resto de poderes. Se trata a la ciudadanía como «menor de edad», que no sabe lo que verdaderamente «le conviene». De la misma forma que anteriormente sucedió con los países del Sur durante la crisis de la Deuda en los 80 o actualmente sucede en países como Grecia o Chipre, el Gobierno y las leyes se transforman en enemigos de la población.
*Pablo Martínez es miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
Desgraciadamente,la legalidad está al servicio de la banca,dado que «nuestros» políticos legislan al dictado de los especuladores. Dentro del contexto legal y mientras no se consigue cambiar a los que mal gobiernan, habría una opción para reducir la deuda pública, de forma que el gobierno pudiera financiar sus presupuestos sin acudir al crédito bancario, y por lo tanto ahorrarse los cuantiosos intereses a pagar,y no estar condicionado en sus inversiones y pagos por «la prima de riesgo» que no deja de ser una artimaña para favorecer a los grandes bancos.
Se trata de una vieja propuesta que vengo formulando desde hace unos años, pero hasta el presente no he conseguido que nadie formulado ningún comentario, ni a favor ni en contra pero que a mi me parece perfectamente viable. A continuación la reproduzco, a ver si hay espacio suficiente para ello.
PROPUESTA PARA LA FORMACION DE UNA PLATAFORMA INTEGRADA POR ACREEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN.
Todas las personas y entidades que perciban ingresos de la administración, podrían agruparse en una plataforma, con el único objetivo de facilitar el cobro de sus devengos de las Administraciones Públicas, en base a aceptar ser compensados mediante documentos de pago con vencimiento posterior.
Dichos documentos, expedidos como “Pagarés” a un vencimiento máximo de 2 años, podrían ser negociados a través del banco de España, quien abriría una cuenta al titular de los mismos, por los importes que fueran acreditados en ese formato.
Del saldo de esa cuenta, en EUROS/Pagarés, el titular podría disponer mediante los siguientes medios:
1. Por transferencia a otra cuenta en el propio BdE, de otro titular incluido en la plataforma.
2. Mediante una tarjeta de crédito especial, utilizada en “cajeros” de empresas que tengan declarado aceptar cobros en Euros/pagarés.
3. Para pagos a la Administración Pública.
4. Aportar como aval, en operaciones de crédito de entidades financieras, que lo acepten.
Estas operaciones no tendrían coste alguno para el usuario (excepto en el medio 4, en cuyo caso, el Estado aplicaría una subvención para los intereses cobrados por la entidad financiera, en el momento de su cancelación, no superior al 1% anual).
El objetivo de dicha sistema sería:
? Dotar de recursos a la Administración pública.
? Pagar los gastos corrientes del Estado de forma inmediata, sin costes financieros importantes.
? Desarrollar una política de estimulación de la economía, ofreciendo recursos a las personas y entidades dependientes de la Administración, sin necesidad de recortes y con posibilidades de ampliar inversiones y mejorar los servicios.
? Evitar los gastos financieros derivados de la aplicación de tipos de interés variable, establecidos de forma abusiva por los operadores financieros.
INCONVENIENTES:
Dichos importes no podrían ser hechos efectivos en el extranjero, ni en pagos apersonas o entidades que no estuvieran integradas en el sistema .
Cualquier acreedor de la administración, podrían acogerse a este sistema, por el total o una parte de la misma. De optar por un pago en efectivo (del total o parte) en moneda corriente, dichos pagos estarían condicionados por la situación financiera, la facilidad de crédito bancario, y la urgencia o destino de los mismos.
La aceptación del sistema, por parte de la población en general, determinaría tajantemente su buen funcionamiento.
Llegado el vencimiento de un Pagaré, la administración procedería a su cancelación con Euros corrientes, o a la emisión de un nuevo pagaré, con un vencimiento posterior (Con la imitación de no superar el 80% de los fondos vencidos mediante emisión de un nuevo pagaré).
VENTAJAS:
Facilidad para cumplir los objetivos de servicio y obligaciones dinerarias de las administraciones públicas, contribuyendo al desarrollo de la actividad social y económica de la sociedad.
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Probablemente el PP no acepte «semejante» solución, pero al menos veríamos que explicación (si la dan) se les ocurre…
Sería una forma de «DINERO ALTERNATIVO», PERO GARANTIZADO POR EL GOBIERNO, Y DE USO GLOBAL…