Internacional
España, el mejor cliente de un país violador de Derechos Humanos
La riqueza en hidrocarburos de Argelia, así como su peso geoestratégico, llevan a Occidente a cerrar los ojos ante el carácter autoritario y represor de su régimen.
MADRID // España se ha consolidado como el mayor comprador de Argelia durante el primer semestre de 2013. Según las estadísticas oficiales del país africano, completan la lista de mejores clientes Italia, Reino Unido y Francia. En todos los casos, el grueso de las importaciones está relacionado con los hidrocarburos: petróleo y gas natural. España, además, también ha sido el tercer país exportador de productos a Argelia, por detrás únicamente de Francia y China. Unas noticias excelentes para un país que recientemente ha solicitado presidir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Esta información no pasaría de lo meramente anecdótico si no fuera porque, según los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Plataforma de Encuentro Civil Euromed , Argelia es uno de los países africanos en los que se violan de manera más recurrente los derechos humanos y cuya aparente democracia se asienta en un sistema autoritario que recurre a detenciones arbitrarias, torturas y censura para preservar su poder.
Un informe elaborado por la investigadora Érika Cerrolaza el pasado mes de mayo para Euromed explica que, a diferencia de lo que ocurría con Túnez o Egipto, el gobierno argelino aparenta ser un régimen democrático, cuando en realidad está dominado en la sombra por el Ejército, en concreto por el Departamento de Información y Seguridad (DRS), los servicios secretos militares. Un dato avalado por el Democracy Index del Economist Intelligence Unit, que sitúa a Argelia en el puesto 125 de las 167 naciones analizadas y que, según su índice de democratización, lo define como un país autoritario.
Amnistía Internacional, en un estudio realizado en 2012, denuncia que cada año hay decenas de civiles víctimas de homicidio por violencia política. “Miembros del Ejército se hacen pasar por integrantes de grupos armados para asesinar a civiles inocentes y encarcelar después a presuntos terroristas acusados de estos crímenes». Las personas detenidas por ser consideradas subversivas o directamente como terroristas son juzgadas en procesos que, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, atentan contra el derecho internacional. Además de meterlos en prisión bajo régimen de aislamiento, lo que permite malos tratos físicos o psicológicos de los reos. Además, los tribunales aceptan como prueba confesiones obtenidas bajo tortura sin realizar ninguna investigación adicional.
También se denuncian diversas violaciones de derechos humanos en un informe recientemente elaborado por la Colectivo de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA). Esta asociación nació después de la denominada “década negra», una guerra civil que tuvo lugar en los años 90, después de que el Ejército anulara la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992. Durante este tiempo se ha calculado que hubo más de 200.000 víctimas y alrededor de 8.000 desaparecidos, según cifras oficiales argelinas que las asociaciones de familiares elevan a entre 15.000 y 20.000 personas. El informe del CFDA consta de 150 páginas a lo largo de las que se describe detalladamente la vulneración de derechos como la libertad de asociación y manifestación, libertad de expresión e información, libertad religiosa o derechos laborales o sanitarios.
El actual presidente, Abdelaziz Bouteflika, logró que se aprobara en referéndum una Carta por la Paz y la Reconciliación, en teoría destinada a cerrar las heridas de la guerra, pero que según las víctimas y la propia ONU estaba dirigida en realidad a consagrar la impunidad de los militares. Esta carta constituye una ley de punto final que impide las denuncias contra los miembros de las fuerzas armadas responsables de la llamada «guerra sucia» de los 90.
Bouteflika trató de aplacar las protestas de los familiares de desaparecidos mediante una indemnización que, según Érika Cerrolaza, “obliga a estas personas a aceptar dinero a cambio de su silencio. Tienen prohibido siquiera hablar del tema públicamente«.
Según Cerrolaza, “Argelia es un elemento de peso en la seguridad y la gestión política del Magreb. Al igual que Marruecos, actúa de gendarme de la UE para frenar la inmigración africana. Además, cuenta con el apoyo estadounidense porque se ha comprometido a luchar contra el terrorismo islámico en la zona». Desde el punto de vista económico, Argelia es uno de los países más ricos de África en recursos naturales, especialmente en petróleo y gas natural. Según el informe que ha elaborado esta investigadora, durante la primera década del siglo XXI ha aumentado exponencialmente la internacionalización de estos recursos, hasta el punto de que más del 96% de sus exportaciones están relacionadas con los hidrocarburos y el 50% de la economía argelina depende del petróleo y del gas natural.
“El hecho de que Argelia se haya presentado como candidata para presidir la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU ha sido la puntilla que faltaba para el CFDA», comenta Cerrolaza. A lo que añade que se trata de un paso más para el “lavado de cara respecto al exterior» que se lleva produciendo en el país desde 1999. El problema fundamental para cambiar el sistema en el que se sustenta su política es que el gobierno no es monolítico (no se asienta sobre un solo elemento) ni presidencialista. “Esto significa que aunque se derrocara al presidente, como ha pasado en algunos países que protagonizaron la Primavera Árabe, el sistema seguiría siendo fuerte y estable», concluye. Un problema que va a prolongarse en el tiempo mientras la comunidad internacional elija mantener las relaciones comerciales ventajosas con países en detrimento de la protección de los derechos humanos de su población.
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