No es país para distintos

Enmascarada en la desatención a la prensa que traen los días festivos, esta semana nos deslizó la noticia de un anteproyecto de ley que propone que los extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española se sometan a un examen. La idea, que formaba parte del programa electoral del Partido Popular, es plantear una «prueba de integración» basada en el conocimiento del castellano, de los principios constitucionales y la historia de España y de otras cuestiones consideradas como «valores fundamentales» de este país.

Al leer la noticia, mucha gente pensó, seguro, la misma broma: «cualquier día nos hacen el examen a todos, y no sé si lo pasaré». La broma no lo es tanto: en cierto modo, proponer este examen ya es hacérnoslo a todos. No se trata sino de asegurar para quienes llegan un curso acelerado en la socialización que se nos supone a quienes crecimos aquí. Lo que se les exige a estos «nuevos ciudadanos» es que asuman mitos y ritos, que muestren haber entendido cuáles son la verdad y el relato oficiales de la sociedad en que se mueven. No es una idea muy distinta de la que sustenta otra noticia que conocimos al día siguiente: la de que el Gobierno se dispone también a lanzar un «plan de apoyo a la familia tradicional». Familia y nación: dos conceptos apoyados en la falaz idea de una identidad monolítica, de un solo modo posible de «ser de aquí».

No hay lugar del mundo en que todas las personas den una misma respuesta a una misma pregunta. Pero estas medidas revelan que al poder no le interesa dejar opción a que se dé una respuesta colectiva a las preguntas de la Historia, de la convivencia, de la lengua. No vaya a ser que un peruano nos cuente su versión de la Conquista o una marroquí la del Protectorado; no vaya a ser que algún modo de amor nos descalabre a los patriarcas; no vaya a ser que un senegalés aprenda a decir eskerrik asko y no podamos entenderle. No vaya a ser que pensemos juntos cómo habitar nuestras ciudades, que inventemos juntos un modo nuevo de definir la palabra vecindario.

Poner el énfasis en la noción de nacionalidad, hurtando al debate la posibilidad de considerar más bien el término ciudadanía, no es gratuito. Decir nacionalidad supone restringir a determinado sector de la población las condiciones de esa ciudadanía: derechos y deberes. Nacionalidad es la palabra mágica que pone una cota de pertenencia a lo que una sociedad puede ofrecer, la palabra mágica capaz de delimitar una frontera interior para las garantías del Estado. Así, es la no-nacionalidad la que permite, de facto, excluir. Y con esa exclusión permite el abuso de poder que suponen las redadas y expulsiones arbitrarias, permite proclamar leyes que penalizan la ayuda y fomentan la delación, permite crear no-lugares donde los derechos humanos se ensombrecen, como son los CIEs.

A todos estos robos y golpes que han venido sumando antónimos a las palabras humanidad y hospitalidad, el «examen de españolidad» añade un modo de entender la integración que revela –igual que el «plan de apoyo a la familia tradicional»– que también se nos ha escamoteado el significado de igualdad, para convertirla en hegemonía. A la democrática concepción de «igualdad de deberes y derechos» parece haber venido a sustituirla una prescripción ideológica de «homogeneidad de pensamiento y costumbres».

En estos días, casi sin que nos enterásemos, se ha plantado en la frontera un cartel que dice: «este no es país para distintos». Pero no nos confundamos: no se ha puesto mirando hacia afuera, para que sirva de advertencia a quienes se acerquen. Se ha plantado de tal modo que lo veamos bien claro, sobre todo, quienes ya estamos dentro.