Economía | Sociedad

Las empleadas de hogar denuncian que España no protege sus derechos

La Organización Internacional del Trabajo selló en 2011 una convención "histórica" que protegía a las trabajadoras domésticas. Es de obligado cumplimiento para los países firmantes, pero España no lo ha ratificado

MADRID // «Deja ya los miedos, vente ya, queremos derechos e igualdad, deja ya los miedos, vente ya, denuncia a tu jefa por no pagar». Entonando esta estrofa, cerca de una treintena de miembros de colectivos de empleadas del hogar, de diferentes localidades españolas, han comenzado a leer una declaración unitaria por los derechos de las trabajadoras.

El Real Decreto 29/2012, que entrará en vigor el mes que viene, supone un «gran retroceso» en los derechos de estas trabajadoras y un «desprecio patriarcal y clasista hacia el trabajo doméstico», según denuncia la plataforma. «Queremos que el trabajo doméstico sea equiparado con el del resto de trabajadores», han reivindicado.

La declaración, interrumpida a ratos con consignas como «Porque sin nosotras, no se mueve el mundo» o «Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud», también denuncia que el Gobierno ha decidido no ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las empleadas del hogar.

Entre las principales reivindicaciones que las representantes de estos colectivos de empleadas del hogar, se encuentran la protección frente al acoso, los abusos y la violencia en el trabajo, así como el derecho a disponer por escrito de las condiciones de trabajo, tales como el salario o el horario.

También han apuntado a las garantías de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, incluyendo la privacidad de quien pernocta en el domicilio, a los abusos de las agencias de colocación. En definitiva: «Queremos la igualdad de derechos con la seguridad social con el resto de las personas trabajadoras».

Reconocimiénto histórico de la OIT

A nivel mundial y con el objetivo de poner coto a la explotación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) selló en 2011 una convención «histórica», en palabras de su director general, Juan Somavia. Por primera vez, gobiernos, empleadores y trabajadores acordaron unas condiciones mínimas internacionales destinadas a mejorar la vida de estas empleadas. El convenio es un tratado internacional vinculante para los estados miembros que lo ratifiquen. Y España todavía no lo ha rubricado, denuncian las trabajadoras del hogar.

El acuerdo, firmado en la 100ª Conferencia de la OIT en Ginebra, reconoció el trabajo doméstico «infravalorado e invisible» que realizan principalmente mujeres y niñas. Muchas de estas son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son «particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos».

En España, el perfil de la trabajadora doméstica inmigrante se ha disparado en los últimos diez años, pero es difícil de cuantificar por la economía sumergida que hay en el sector, tanto entre españoles como extranjeros.

Las nuevas normas de la OIT establecieron que los millones de trabajadores domésticos que hay en el mundo debían de tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo «horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva».

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