Cadena perpetua para ocho de los presos saharauis de Gdeim Izik

MADRID // Los 24 saharauis detenidos en relación con los sucesos del campamento de protesta Gdeim Izik han salido hoy del tribunal militar que los ha juzgado con la losa de unas sentencias que, en el caso de ocho de ellos, los condenan a pasar entre rejas el resto de sus vidas. Los demás no han resultado mucho mejor parados: cuatro de los acusados deberán cumplir penas de 30 años y otros ocho restantes, de 25.

Sólo dos de los presos serán liberados pues ya han cumplido en prisión preventiva los dos años a los que han sido condenados.

La corte castrense que los ha juzgado en Rabat durante nueve días ha considerado probado que estos 24 saharauis, considerados presos políticos por diversas asociaciones de derechos humanos y de apoyo al pueblo saharaui, son culpables de «integración en banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres».

En los sucesos desencadenados por la violenta intervención marroquí para desmantelar el campamento de protesta saharaui, el 8 de noviembre de 2010, murieron 13 personas, de acuerdo con la versión oficial de Rabat. Once de ellas eran agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos y otras dos, entre ellas un niño de 14 años, saharauis.

Ni huellas dactilares ni autopsias

Los jueces marroquíes han dictado estas duras condenas a pesar de que la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba digna de ese nombre, según ha denunciado la defensa de los acusados y los numerosos juristas internacionales que han asistido al proceso como observadores. 

Tampoco ha pesado en descargo de los saharauis el hecho de que no se les pudiera relacionar con las supuestas pruebas que el tribunal ha dado por buenas. En las armas presentadas por el ministerio público no había huellas dactilares de los detenidos. A los cadáveres de los fallecidos no se les efectuaron autopsias y en un vídeo presentado como prueba de su implicación en los hechos, era imposible reconocer a nadie.

La Corte militar aceptó a su vez las declaraciones de los acusados que, según ellos, fueron obtenidas mediante torturas y de las que además se retractaron en la sala del tribunal. Una de estas supuestas confesiones estaba firmada con una huella dactilar pese a que el acusado sabe leer y escribir.

Asociaciones de defensa del pueblo saharaui han denunciado además que un buen número de estos saharauis son conocidos activistas en favor del derecho a la autodeterminación. Uno de ellos es, por ejemplo,  Sidahmed Lemjiyed, Presidente del Comité Saharaui para la Protección de los Recursos Naturales (CSPRON), condenado a cadena perpetua.

Otro conocido militante saharaui, Ennama Asfari, ha sido condenado a 30 años de cárcel, pese a haber sido detenido el día antes del desmantelamiento del campamento de protesta y, por lo tanto, antes de que se produjeran las muertes por las que en teoría ha sido condenado.

Los activistas saharauis que han seguido el proceso no se han mostrado sorprendidos por estas condenas, pues anteriormente ya habían calificado el juicio como «meramente político». Antonio Masip, eurodiputado socialista que asistió a alguna de las audiencias, denunció en conversación telefónica con La Marea que este proceso ha sido «una pura pantomima» y lo comparó con los juicios de Burgos que, en 1975, terminaron con las últimas cinco condenas a muerte de la dictadura franquista.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado también que el juicio que ha terminado con estas durísimas condenas estaba «viciado» de partida.