La sombra del fraude se cierne sobre el Instituto Cervantes

MADRID// El Instituto Cervantes, la institución pública que difunde la lengua y la cultura españolas en el mundo, es para el gobierno del Partido Popular el “buque insignia” de lo que se ha convertido en casi una obsesión para el Ejecutivo de Rajoy: la “Marca España”. Sin embargo, este organismo que tanto ha contribuido a mejorar la imagen de España en los 44 países en los que está presente, tiene una cara más turbia: la de las denuncias de irregularidades que sus trabajadores llevan años haciendo.

Según el sindicato CCOO y algunos de sus trabajadores, desde la llegada a sus despachos de los responsables nombrados por el actual Gobierno, estas irregularidades han dado el salto cualitativo de “la hipocresía”; la que supone organizar “simulacros de convocatorias públicas” para tapar la elección “a dedo” de directivos.

CCOO ha denunciado que existen indicios de que algunos de los nuevos altos cargos del Cervantes nombrados el pasado verano “estaban al tanto” del puesto al que iban a ser destinados. Y todo ello antes de que se conociera el resultado de las convocatorias en las que en teoría fueron elegidos, explica María Antonia López, secretaria para el personal del Cervantes de la Federación de Enseñanza Exterior del sindicato. La Marea se ha puesto en contacto con la institución para recabar su versión. El Cervantes no ha respondido.

La acusación del sindicato se suma a la sospecha de que el Gobierno del PP pretende situar las actividades culturales del Instituto bajo un férreo control ideológico. La Marea ha accedido a un correo electrónico del embajador de España en Italia, Javier Elorza, dirigido a los directores de las cuatro sedes del Cervantes en ese país, en el que les insta a someter a su autorización previa todas las actividades culturales en sus centros. Un hecho que, al menos que se sepa, no tiene precedentes.
En este correo se lee: “Con objeto de lograr una coordinación (…) en la Acción Cultural en Italia, te pido que antes de programar cualquier actividad me lo comuniques. Quisiera poder opinar (…) por si hay algún factor político que pudiera condicionarlas”.

Concursos bajo sospecha
Desde su creación en 1991, los puestos de alta dirección del Instituto, y también los de responsables de las sedes en el extranjero, han sido “de libre designación”, tanto con los Gobiernos del PSOE como con los del PP, lo que no ha sido óbice para que intelectuales de gran solvencia hayan pasado por sus 77 sedes.

Por eso, los trabajadores del Instituto (1.137) no daban crédito cuando a finales de mayo el secretario general de la institución, Rafael Rodríguez-Ponga, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, anunció a bombo y platillo que los responsables de los centros en el exterior serían elegidos en “convocatoria pública”. “Me complace anunciar que hemos querido dotar de mayor publicidad, transparencia y concurrencia el nombramiento de los directores de los centros en el exterior”, fueron sus palabras.

La convocatoria tuvo dos fases: una interna de traslados de directores a punto de concluir su mandato de cinco años, y una “pública”, a la que en principio cualquier persona podía presentarse. Pero muchos de quienes como Federico Arbós, director del Cervantes de Rabat, solicitaron el traslado a otra sede, empezaron pronto a sospechar: “En esa fase se ofertaron puestos muy atractivos, como el de París y el de Roma, que de forma inexplicable quedaron vacantes”.

Este afamado arabista deduce que “la razón es que esos puestos estaban reservados para que salieran luego en la convocatoria pública y así los ocupara gente que ya tenían elegida”. Arbós apunta a otros indicios de irregularidades, como los requisitos del concurso, “sospechosamente bajos”, y el hecho de que solo se exigiera a los candidatos “una simple licenciatura”.

Sorprenden estas condiciones cuando para ser profesor titular del Cervantes es preciso superar un duro concurso de méritos en el que cuenta mucho tener un posgrado (sobre todo el que oferta el propio centro). También la experiencia como docente de español en el Instituto, requisitos que no se exigieron a quienes ahora son los jefes de algunos de estos profesores. En las biografías sucintas de los nuevos directores que publicó la institución, se comprueba que alguno de los nombrados apenas tienen –otros carecen de ella– experiencia docente ni como gestores culturales.

A Arbós le inquietan otras cuestiones: “Los plazos de la convocatoria pública fueron exiguos [siete días]. No se publicó un baremo que estableciera en función de qué se atribuían los puntos, tampoco hubo listas de admitidos ni plazo para presentar alegaciones”. Los nombres de los elegidos se difundieron mediante “una simple nota de prensa”, detalla, y concluye definiendo el proceso como “fraudulento, pues han querido disfrazar de concurso una elección que se ha hecho a dedo, como se hacía siempre”.

María Antonia López, de CCOO, recuerda lo que es un secreto a voces en el Cervantes: algunos de los elegidos dieron muestra de conocer su destino antes de tiempo. Por ejemplo, el ahora director de la sede de Estambul, que “antes de haber sido nombrado, llamó al administrador del centro y le pidió el currículum de todos los empleados”.

Sorprendida al conocer esta demanda, López le preguntó a la directora de recursos humanos si ya había nombramientos. Esta le respondió: “¡Vive Dios que no!”. Esa misma tarde, el 13 de julio, el Cervantes difundió la nota de prensa en la que anunciaba los nombres de los nuevos directores. El caso de Estambul “no ha sido el único”. A CCOO le consta que responsables de otros centros contactaron con su personal antes de ser nombrados pidiendo ayuda para, por ejemplo, las reservas de hotel.

También este verano, el sindicato protestó por otro “simulacro de convocatoria” para elegir a dos subdirectores de la sede central, el académico y el cultural, que el 26 de julio participaron en la reunión anual de directores de la entidad, cuando el plazo de presentación de candidaturas para esos puestos no acababa hasta cinco días después.

“Necesitamos tu plaza”
Rufino Sánchez y Marío García de Castro eran, respectivamente, los directores de las sedes de Recife, en Brasil, y Roma. Ambos fueron designados por Carmen Caffarel, la anterior directora de la institución, nombrada por el Gobierno socialista. Al igual que alrededor de una decena de responsables de la etapa anterior, fueron destituidos este verano. Los dos atribuyen a una “purga ideológica” su destitución y la posterior convocatoria para cubrir sus plazas y colocar a “personas afines”.

Sánchez incluso está estudiando presentar una demanda por prevaricación contra el Cervantes pues sospecha que algunos de los nuevos directores “ni siquiera se presentaron al concurso ni figuran en la lista de candidatos”. Este medio ha solicitado, también en vano, dicha lista al Instituto Cervantes.

Mario García de Castro asiente y relata una conversación que mantuvo con el secretario general cuando este le anunció su destitución. Al hacerle notar que su mandato no había concluido, Rodríguez-Ponga le repuso: “Necesitamos la plaza de Roma”.

¿Y quién es el elegido para sustituirle? Sergi Rodríguez López-Ros, exresponsable de medios de comunicación del Episcopado de Barcelona y profesor de la Universidad Abat Oliva, de la Fundación CEU-San Pablo, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, con la que Rodríguez-Ponga parece relacionado dada su participación en congresos de temática religiosa organizados por esa institución.

A Rafael Rodríguez-Ponga –hermano de Estanislao, exsecretario de Estado de Hacienda, ahora imputado como exvocal de Bankia– se le ha vinculado con los Legionarios de Cristo. Un perfil ultracatólico que no parece irrelevante en la gestión de una entidad que en noviembre sorprendió a sus empleados convocándolos en la madrileña iglesia de los Jerónimos para celebrar una “misa por el alma” de los familiares fallecidos de dos de ellos.

Sobre todo porque, pese a que Rodríguez–Ponga es el número dos del Cervantes (por encima tiene al director, Víctor García de la Concha), en realidad es él quien tiene el poder ejecutivo. Unas atribuciones que adquirió gracias a la última reforma de la estructura del Instituto, que vació de contenido el papel del director.

Para García de Castro, la figura de Rodríguez-Ponga, miembro de la cúpula del PP, es clave en la “politización que sufre el Cervantes”. Su sustitución por un periodista de perfil católico obedece, en su opinión, al proyecto “de colocar a ciertas personas en centros estratégicos para ejercer las nuevas líneas del PP en la acción cultural en el exterior”.

En ese contexto enmarca la orden de la embajada sometiendo la actividad cultural del Cervantes a su luz verde. El exdirector en Roma asegura que el embajador le dijo: “Ya sabes que no puedes programar ninguna actividad sin que yo te lo autorice”.

Personas de perfil muy conservador en puestos claves y control previo de las actividades culturales. Factores que, para estos profesores, conforman un “giro reaccionario” en la institución con un objetivo que les parece “obvio”: el control ideológico de la “Marca España”.

Un enorme ejército de profesores en precario
El Instituto Cervantes, una entidad pública que debería dar ejemplo, sobrevive gracias a “una plantilla paralela” de precarios, una situación que denuncia un informe elaborado en marzo por el Comité de Empresa del Instituto, al que ‘La Marea’ ha tenido acceso. En el documento se precisa que el 68% de las horas lectivas de español que imparte el Cervantes en el extranjero corren a cargo de profesores colaboradores, a menudo contratados en “fraude de ley”. Por ejemplo, a través de empresas de trabajo temporal.

Estos docentes tienen un blog en el que detallan los abusos: profesores sin asistencia médica y sin prestación de desempleo, puesto que trabajan en negro; empleados sin permiso de trabajo en sus lugares de residencia porque el Cervantes no los reconoce, y un extenso catálogo de irregularidades. En países como Brasil, el Instituto Cervantes acumula demandas judiciales.

 (Artículo publicado en La Marea, núm 1)