Colombia: un proceso de paz sembrado de espinas

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Bogotá parecen decididos a dejar los fusiles, olvidarse de los detonadores y desentenderse de las emboscadas para siempre. Por primera vez en medio siglo de terror cruzado, ambas partes se han sentado en una mesa de negociaciones convencidos de que la vieja locomotora del odio se ha metido en un túnel sin salida y convencidos de que las balas son más inútiles que una acalorada discusión para alcanzar la paz.

Esta semana se ha escenificado en Oslo la predisposición de ambos bandos para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a 47 años de hostidades bélicas. Las dos partes en conflicto renuncian, por tanto, a sus mantras originales de que el único camino posible para alcanzar la paz era destruir al oponente hasta lograr su claudicación.

Pero la apertura de las negociaciones han dejado claro que el camino que tienen por delante está sembrado de espinas.

En primer lugar, porque las proscritas FARC reiteraron esta semana que el Gobierno conservador de Juan Manuel Santos deberá aceptar su histórica exigencia sobre la expropiación de los viejos latifundios y devolverlos al campesinado pobre si quiere seguir avanzando en los otros cuatro puntos dispuestos en el proceso: participación política, entrega de armas, narcotráfico y reconocimiento a las miles de víctimas provocadas por ambos bandos en este largo y sanguinario conflicto.

El Ejecutivo ya ha adelantado que no pondrá en cuestión ni el modelo de Estado ni el económico, y que la guerrilla debería sentirse satisfecha con el debate abierto en el Congreso sobre la ley del desarrollo rural, el primero de estas características que se encara en Colombia desde la noche de los tiempos.

Aquí se supone que comienza la habilidad mediadora de noruegos y cubanos, designados por ambas partes para reblandecer sus posiciones de partida. La primera medida decretada es establecer un apagón informativo con el fin de que todos puedan explayarse sin límite de tiempo. Material inflamable para una novela de misterio si no fuera porque hay miles de víctimas esperando a que ambos bandos pongan fin a la ley de la selva que impera en muchas partes del país desde hace décadas.

Porque sumergirse en el conflicto colombiano es entrar en un campo minado, donde el riesgo de no ser lo suficientemente contundente con el oponente se paga con la vida. La guerra en Colombia es obscena y feroz, con episodios de violencia que han llegado a cotas de auténtico paroxismo y personajes que parecen extraídos de un Macondo aun más infernal que el que dibujó García Marquez en su libro “Cien años de soledad”.

Casi medio siglo de matanzas silenciosas, de desplazamientos masivos de población, de secuestros infinitos, de exilios y, por supuesto, del lucrativo negocio del narcotráfico. Se trata de un país contradictorio donde poderosas familias hacendadas del siglo XIX niegan la existencia de una pobreza desgarradora en los arrabales de su rico y extenso vergel.

Pero algo ha cambiado. La posición del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, es la de infundir vida al proyecto de paz. «No pretendemos que las FARC renuncien a sus ideas pero sí a las armas», explicó tras la primera ronda de conversaciones. «Nosotros estamos dispuestos a negociar los puntos acordados”, añadió. Algún mediador ya ha descrito ese mensaje como «un paso importante».

Menos entusiastas están resultando las señales que emergen del campo guerrillero. El propio portavoz, Iván Márquez, ha reconocido su escepcismo frente al avance del proceso.

La realidad es que las FARC viven en una encrucijada.. Por un lado, la política de “seguridad democrática” que instauró el expresidente Álvaro Uribe en 2001 ha debilitado su ejército, pese que aun mantiene activos más de 50 frentes de guerra en distintas zonas del país. En el otro está su delicado apoyo social, que se ha reducido a la nada debido a las atrocidades cometidas contra civiles indefensos, o a las 63.000 familias cocaleras que habitan en sus territorios y que alimentan sus vínculos con la industria del narcotráfico. Cientos de familias aguardan saber dónde se encuentran los secuestrados que un día fueron arrastrados al interior de la jungla y nunca más se supo de ellos.

Si todo sale bien (algo que no suele suceder con estos procesos en Colombia), las negociaciones deben concluir con un acuerdo base de cinco puntos, incluidos los mecanismos para el cese de las hostilidades. La fase final será la desmovilización definitiva de las FARC, la entrega de sus arsenales de armas y la verificación neutral que evite disidencias indeseadas.

Pero todo esto depende del avance de la batalla dialéctica que guerrilla y Gobierno se aprestan a iniciar dentro una semana en La Habana. Algunos analistas calculan que podría alargarse durante varios años.

El Gobierno de Santos también se la juega a nivel interno. Se supone que el presidente ya habrá calibrado que un nuevo fracaso será el más grande de los escollos para ser reelegido, especialmente ahora que Álvaro Uribe, consciente de que este proceso no está ni mucho menos vacunado contra el descarrilamiento, dice sentirse traicionado por quien fuera la prolongación de su brazo armado y promete batalla en las próximas elecciones.

Ante esta tesitura, Juan Manuel Santos depende más que nunca de los avances que se obtengan para solidificar otros apoyos a su decisión de terminar con el último grupo insurgente de América Latina por vías políticas. Y de paso, también para ser reconocido como el artífice de un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Algo impensable hace tres años.