La UE hace la vista gorda ante la caza de migrantes en Libia

MADRID // “¿Le pegamos un tiro o no?, pregunta entre risas un miliciano libio a sus correligionarios mientras apunta con su rifle a un aterrorizado inmigrante subsahariano encerrado, quién sabe desde cuándo, en el campo de detención de Ganfuda, en Bengasi, la ciudad del este de Libia donde empezó la revuelta que acabó en 2011 con los 42 años del régimen de Muamar Gadafi.

La escena, relatada por un joven eritreo, es una de las que recoge el informe “Libia: acabar con la caza a los migrantes”, elaborado por una misión enviada al país el pasado mes de junio por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Migreurop y Justicia Sin Fronteras para los Migrantes, que se ha hecho público este jueves en Bruselas.

En el documento se denuncia no sólo el “trato inhumano y degradante” que se dispensa a los trabajadores inmigrantes y demandantes de asilo en ese país, sino también la complicidad de la Unión Europea y sus Estados miembros, que cierran los ojos ante la barbarie que padecen estos seres humanos, una situación «bien conocida por las cancillerías europeas». Mientras, se afanan en tratar de concluir nuevos acuerdos con las nuevas autoridades libias, similares a los que ya tenían con Gadafi, con un único objetivo: evitar a toda costa que estas personas penetren en la fortaleza europea.

El informe describe una Libia sumida en el caos en la que las katibas, las milicias de exrebeldes, imponen su ley. Son estos milicianos, cuyo número se eleva en el texto a alrededor de 200.000, quienes dan caza y detienen sistemáticamente a los subsaharianos, sin distinguir entre inmigrantes económicos, refugiados y solicitantes de asilo. En ocasiones, se trata de trabajadores que llevaban años en Libia, pero cuyos permisos de residencia han caducado sencillamente porque no hay una autoridad que se ocupe de renovarlos.

“Los arrestos se hacen por el aspecto, y los migrantes de África Subsahariana son el primer objetivo, en un contexto muy impregnado de racismo. Como declaró uno de los líderes de la katiba ‘Libia libre’ a la misión: ‘lo más importante hoy es limpiar el país de los extranjeros que no están en regla. No queremos aquí a esa gente que traen enfermedades y crímenes’”, recuerdan los autores del documento.

Una vez arrestados, los subsaharianos, que proceden de Mali, Nigeria, Chad, Sudán, Níger y de países en guerra del Cuerno de África como Somalia, se enfrentan a un encierro “de duración ilimitada” en campos de detención alegales. En estos centros se cometen “violaciones flagrantes y generalizadas de sus derechos humanos fundamentales”.

La misión accedió a 7 campos en Trípoli, Bengasi y la région de Djebel Nafoussa. En todos ellos comprobaron cómo “miles de inmigrantes” llevan meses retenidos “sin posibilidad de recurrir a ninguna instancia nacional o internacional para salir de allí”.

Amontonados en celdas abarrotadas, o bien en barracones sin ningún tipo de equipamiento ni mobiliario, y sometidos a las temperaturas extremas del desierto, hombres, mujeres –algunas embarazadas- y niños, incluso de muy corta edad, permanecen todo el día sin posibilidad de salir al aire libre.

Devorados por los piojos y carentes por completo de asistencia médica, subsisten pese a las pésimas condiciones de vida y a una alimentación precaria, que en ocasiones se limita a un cuenco de arroz o de pasta.

Si para quienes están más o menos sanos las condiciones son “insoportables”, para los enfermos enclaustrados en estos centros, rayan en lo indecible. En el campo de Bou Rashada, a 80 kilómetros al sur de Trípoli, dos enfermos mentales, con la mirada errática “quién sabe si por el miedo o por la guerra” que han padecido, han sido abandonados a su suerte dentro de celdas que nunca abandonan. Ni siquiera para alimentarse, pues se les pasa la comida a través de los barrotes.

Cerca del esclavismo

La misión fue también testigo de cómo empleadores exteriores, con la complicidad de los guardias de los campos, reclutan a detenidos para trabajar en obras o explotaciones agrícolas. Tales métodos de contratación se asemejan al trabajo forzado. Los inmigrantes no saben cuánto tiempo van a trabajar ni si se les pagará”, añade Geneviève Jacques, miembro del Comité internacional de la FIDH.

En estos campos no sólo se encuentran inmigrantes detenidos en Libia; también hay personas cuyas embarcaciones fueron interceptadas en el Mediterráneo y que fueron deportadas por países europeos. Este hecho “permite suponer que las expulsiones hacia el país magrebí siguen produciéndose en violación de las normas internacionales de Derechos Humanos”. El Derecho Internacional prohíbe las expulsiones colectivas de inmigrantes.

Tras una guerra en la que los subsaharianos tuvieron que padecer una caza que a menudo se justificaba con la acusación, casi siempre falsa, de que se trataba de mercenarios de Gadafi, la situación para ellos en la Libia actual no es ahora mucho mejor. Un nigeriano que reside en el país desde hace cinco años resume el panorama: “Era difícil antes de la guerra y terrible durante ella, pero ahora es mucho peor”.

El informe concluye recordando la “corresponsabilidad” de Libia, de la UE, de sus Estados miembros y de los países de origen de los inmigrantes. En sus páginas, se insta a las autoridades libias a “poner fin inmediatamente a los arrestos arbitrarios” y a cerrar estos centros de detención, en los que las condiciones de vida constituyen “un atentado a la dignidad humana”.