Los mineros acusan al Ministerio de Industria de organizar reuniones trampa

MIERES (ASTURIAS) // Tras dos meses de huelga indefinida, concentraciones semanales, cortes de carreteras frecuentes y la exitosa “marcha negra” hasta Madrid, la brecha entre el sector de la minería y el Ministerio de Industria es cada día más grande. El Ejecutivo acusa a los trabajadores de no tener voluntad negociadora. Por su parte, los sindicalistas del sector denuncian “reuniones trampa” y una gran campaña de desprestigio.

Los representantes de los mineros aseguran haber tendido una mano en busca de una solución al conflicto. Tres días después de anunciar el fin de los cortes de carreteras, el pasado viernes, los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y CCOO, junto a la patronal (Carbunión), presentaron un documento conjunto en el que se emplaza al Ministerio a “cumplir lo pactado”, “respetar unos parámetros mínimos para negociar el nuevo convenio de 2013-2018” y “garantizar que no habrá cierres de empresas ni plantas extractoras”.

Además, la industria minera considera que se debe estudiar la forma de que la reducción del 64% de las ayudas a la explotación de este año no se pierda, sino que se recupere en el futuro, -algo parecido a lo que se ha prometido a los funcionarios con la próxima paga de Navidad-.

«No somos terroristas. Defendemos una causa que es de sentido común: que se cumpla lo que se ha firmado”. Roberto Ordóñez, representante sindical de SOMA-FITAG-UGT del Pozo San Nicolás (Ablaña, Mieres) explica que el gran apoyo social que están recibiendo los trabajadores de las cuencas mineras tras la “marcha negra” y las numerosas acciones locales les anima a seguir en la lucha “hasta el final, sea cual sea”.

Ordóñez explica que todas las reivindicaciones y demandas del sector se han estampado desde hace tiempo frente al silencio o el rechazo del Ministerio de Industria. Todo apuntaba a que este año sería clave para los mineros, pues en diciembre vencerá el convenio firmado en 2006 en el que se recogen las condiciones para el desarrollo de su actividad hasta 2012. Sin esperar al final del año, el Gobierno ha anunciado un recorte estimado en 200 millones de euros incumpliendo las ayudas ya pactadas con Europa hasta 2018, con quien también se fijó un calendario progresivo de cierre de minas hasta ese mismo año.

La sensación entre los mineros es unánime: el Gobierno pretende acabar con un sector minoritario aprovechando la difícil situación económica y el camino es la división. “Nos convocan a reuniones ‘trampa’ en las que no se busca pactar nada, sino dar una imagen ante los medios. Una vez allí, pretenden reunirse con la patronal y cada sindicato por separado. O a otras citas en las que deciden que sólo puede entrar un representante de cada grupo. Quieren dividirnos, crisparnos y conseguir un ‘apagón total’ del sector”, lamenta Ordóñez.

Encerrados a 600 metros de la luz
Cinco tuppers de carne con tomate, un rollo de film transparente, doce rollos de papel higiénico y dos paquetes de café son algunos de los objetos que forman la caja transparente que dos mineros trasladan hasta la “jaula” (ascensor que baja al pozo con capacidad para 70 personas). Otros dos llevan una bolsa de deporte gigante con algunas de las cosas que los seis mineros encerrados en el Pozo San Nicolás han pedido a través de su único medio de comunicación con el exterior: el teléfono interno de la planta de extracción.

Lillo, Pedro, Pablo, Iván (al que sus familiares le envían hoy café), Jesús y Antonio cumplían ayer, lunes, 8 días desde que decidieran no subir de la séptima planta, a 600 metros bajo el suelo. La fecha coincidió con el mismo día en el que los mineros del pozo de Santiago salieran por recomendación médica, tras 50 días de cautiverio. De esta manera, desde que empezó el conflicto siempre ha habido mineros encerrados a través del que está considerado uno de los métodos de reivindicación más extremos, debido a la humedad, la privación de luz natural y la propia condición de encierro a la que se ven expuestos durante un tiempo tan prolongado.

El médico de la mina es el único que los ha visto desde que empezó la protesta, ya que baja a comprobar su estado de salud cada tres días. Muchos de sus compañeros aguardan 24 horas en la superficie, por su hubiese algún contratiempo de última hora. No volverán a ver la luz hasta que no haya una “salida negociada del conflicto”.

En Nicolasa hay multitud de pancartas en apoyo al grupo de encerrados. De hecho, una pizarra blanca va agregando los numerosos comercios y empresas del entorno que se han sumado a la causa y colaboran aportando comida, objetos o fondos. A escasos tres kilómetros, prácticamente todos los comercios, los coches y los balcones del municipio de Mieres están forrados de crespones negros “contra el fin de la minería” que convocan a las dos concentraciones semanales en apoyo a los encerrados.

Este no es el único encierro que tiene lugar estos días. El mismo 16 de julio, otros 4 mineros decidieron permanecer recluidos en el Pozo de Candín (Langreo) como símbolo de una lucha que continua cada vez con mayor respaldo social.